El martes se realizó la segunda jornada del alegato de la fiscalía contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco del juicio oral por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz a través de licitaciones para la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones. El fiscal Diego Luciani comenzó a analizar las 51 adjudicaciones de obras viales otorgadas durante las presidencias de Néstor y luego de Cristina Kirchner.

Desde la fiscalía sostuvieron que las licitaciones fueron una ficción “porque no hubo control” y que las medidas de prevención que deben darse en la contratación pública “fueron destrozadas por la propia administración”. En ese sentido, se sostuvo que “no solo hubo un direccionamiento grosero sino la falta de un adecuado control. Esto tiene como explicación que la orden de beneficiar a Báez venía de lo más alto del poder Ejecutivo”.

Entre las obras analizadas, Luciani sostuvo que hubo licitaciones realizadas con una celeridad no justificada y publicidad casi nula; obras que se extendieron por más tiempo del planeado y finalmente no se concluyeron; competencia ficticia en las presentaciones de otras empresas. Además, hablo de sobreprecios, que de acuerdo con la presentación del lunes habrían sido de alrededor de un 65%.

El juez Julián Ercolini, que envió la causa a juicio, había acusado a la vicepresidenta de tres delitos: ser jefa de una asociación ilícita; administración fraudulenta; incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía considera que la acusación es cierta en los tres casos y que la adjudicación de las obras, por un total de $46.000 millones, se realizó de manera ilegal. Las penas sumando los delitos podrían llegar a tener en total un máximo de 16 años.