El Ministerio de Economía abrió una mesa técnica para evaluar una actualización del esquema de retenciones que regirá a partir de 2026, con el objetivo de equilibrar la necesidad de competitividad exportadora con la sostenibilidad fiscal y el federalismo fiscal. El análisis incluye a los complejos soja, maíz, trigo y economías regionales, todos sectores relevantes para la balanza comercial y las cuentas públicas.

La revisión surge en un contexto donde la recaudación proveniente de derechos de exportación continúa siendo un componente relevante del financiamiento del Tesoro, pero donde la presión del tipo de cambio, los costos logísticos y las condiciones internacionales determinan márgenes más ajustados para productores y exportadores. En este marco, el Gobierno busca un esquema que no frene el ritmo de embarques ni la superficie sembrada, pero que mantenga cierto nivel de recursos para sostener programas sociales y compromisos de deuda.

Uno de los puntos más discutidos es la posibilidad de avanzar hacia un sistema de retenciones segmentadas por tamaño de productor. Diferentes estudios técnicos señalan que pequeñas y medianas unidades agropecuarias enfrentan costos relativos mayores y menor capacidad financiera para absorber pérdidas por variaciones de precios internacionales. La segmentación permitiría aliviar esa carga sin comprometer significativamente la recaudación, al tiempo que impulsaría el sostenimiento de actividades de menor escala en provincias alejadas de los puertos.

En el caso del complejo sojero, la discusión se concentra en si corresponde reducir gradualmente algunos puntos porcentuales de la alícuota para mejorar la competitividad frente a otros países productores. La industria aceitera también plantea que un esquema más equilibrado entre la exportación de grano y la de productos con mayor valor agregado podría generar incentivos para la incorporación de tecnología y la ampliación de la capacidad de procesamiento.

El maíz y el trigo presentan desafíos distintos. Para el maíz, el principal debate es cómo compatibilizar la necesidad de abastecer al mercado interno a precios razonables con la expansión sostenida de la demanda externa y el crecimiento de la producción. Para el trigo, influye la variabilidad climática y el impacto de las diferencias regionales en rendimientos. En ambos casos, el Gobierno analiza un esquema de retenciones móviles que opere dentro de un rango acotado, con actualizaciones que se activen ante oscilaciones bruscas en los precios internacionales.

Las economías regionales constituyen otro capítulo clave. En provincias del norte y del sur, actividades como vitivinicultura, citrus, peras y manzanas, frutos finos y legumbres han pedido reiteradamente la eliminación de retenciones por considerar que su incidencia sobre la rentabilidad es mayor que en los grandes cultivos extensivos. Economía evalúa alternativas como alícuotas cero para pequeños exportadores, esquemas temporales de alivio para sectores en recuperación y compensaciones logísticas para actividades alejadas de los puertos.

El debate también involucra a los gobernadores, que reclaman un enfoque federal para evitar que la actualización de las retenciones acentúe asimetrías entre provincias. Algunas jurisdicciones productoras piden mayores incentivos para la industrialización local de la producción primaria, mientras que otras buscan asegurar fondos compensatorios para infraestructura vial, hídrica y energética. El diálogo Nación–provincias será determinante para que el esquema final tenga viabilidad política.

En paralelo, los equipos económicos analizan el impacto macroeconómico de cada alternativa. Las retenciones actúan como un instrumento que influye en la recaudación, el tipo de cambio real, los costos internos y la competitividad externa. Una reducción abrupta podría mejorar márgenes exportadores pero tensionar el equilibrio fiscal; una suba, en cambio, podría desacelerar inversiones y afectar la superficie sembrada. El desafío consiste en lograr un equilibrio que acompañe el crecimiento sin perder sostenibilidad presupuestaria.

Los mercados internacionales también condicionan la discusión. La demanda global de proteínas, los cambios en los precios internacionales y la evolución de los costos del transporte marítimo inciden en la capacidad del país para sostener su participación en el comercio mundial. En este contexto, el Ministerio de Economía busca un esquema que permita reaccionar con rapidez ante shocks externos, manteniendo previsibilidad para el sector productivo.

Las próximas semanas serán clave para definir un borrador que luego deberá consensuarse con el gabinete económico y los gobernadores. El Gobierno espera presentar el nuevo esquema antes de que finalice el año, de modo que los productores puedan planificar la campaña 2026 con reglas claras. El resultado de esta discusión tendrá impacto no solo en el agro, sino también en la dinámica fiscal, la competitividad industrial y la estrategia de desarrollo del país.