El horizonte judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, entró en su fase más crítica. Según anticiparon fuentes judiciales a La Nación, el juez federal Ariel Lijo analiza citarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda quincena de julio de 2026. La medida, que se instrumentaría junto al fiscal federal Gerardo Pollicita, representaría un punto de inflexión en la situación procesal del funcionario: en los tribunales de Comodoro Py se interpreta que una citación a indagatoria en causas de esta índole suele ser la antesala de un procesamiento inminente. "El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación", precisó una fuente del ámbito judicial.
Una causa que creció en profundidad y alcance
La investigación contra Adorni no nació de una denuncia política sino del análisis rutinario de declaraciones juradas. El expediente, que comenzó con sospechas puntuales por un viaje en avión privado a Punta del Este, se fue expandiendo hasta convertirse en una causa con múltiples aristas que abarca presuntos delitos de diferente gravedad. El fiscal Pollicita tipificó inicialmente el delito de "enriquecimiento ilícito", penado en el Código Penal argentino con entre 9 y 15 años de prisión. A esa figura se sumaron luego la investigación por dádivas —beneficios recibidos de un privado con vínculos contractuales con el Estado—, negociaciones incompatibles con la función pública, posible peculado y tráfico de influencias.
El 9 de abril de 2026, el juez Lijo tomó una decisión de alto impacto procesal: ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa Bettina Angeletti y la consultora AS Innovación Profesional —empresa de la que ambos son propietarios— para examinar la totalidad de los movimientos financieros de la pareja desde enero de 2022 hasta la actualidad. La medida permite a los investigadores revisar depósitos, transferencias, inversiones, cuentas en el exterior y declaraciones impositivas sin limitación alguna. En ese mismo contexto, el expediente reveló que Adorni movilizó más de USD 346.950 en efectivo en menos de un año, cifra que no guarda correlación con los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.
El eje Grandío-Imhouse: dádivas y contratos con la TV Pública
El núcleo más comprometedor de la investigación se centra en la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandío, propietario de la productora Imhouse. La Justicia sospecha que Grandío actuó como financista de gastos personales del jefe de Gabinete a cambio de beneficios en el Estado. El primer indicio fue el viaje de Adorni junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado de la empresa Alpha Centauri. Si bien el funcionario sostuvo que pagó el pasaje con sus propios recursos, la Justicia identificó que el tramo de ida fue facturado directamente a Imhouse, y el de regreso fue cobrado por 3.000 dólares a Grandío. La causa también determinó que Imhouse realizó transferencias bancarias por 1.670.900 pesos a Adorni entre finales de 2022 y 2023, antes de que asumiera en su función pública actual.
Sobre ese contexto, Radio y Televisión Argentina (RTA) informó que la TV Pública firmó al menos seis contratos de coproducción con Imhouse —cinco para la televisión y uno para Radio Nacional— que incluían ciclos de entrevistas, contenidos digitales y programas de streaming. Bajo esos convenios, Imhouse asumía los costos de producción y explotaba la publicidad hasta recuperar la inversión. Lo que la Justicia investiga es si esos contratos constituyeron una contraprestación ilícita por los beneficios que Grandío habría brindado a Adorni. La productora siguió cobrando del Estado incluso en pleno escándalo judicial: el 9 de abril de 2026 recibió un pago de 3.012.900 pesos de RTA por la emisión del programa Enredados.
Las propiedades y el efectivo: el enriquecimiento bajo la lupa
Además del eje Grandío, la investigación por enriquecimiento ilícito apunta a dos propiedades de Adorni que no figuraban o no estaban debidamente declaradas en su declaración jurada. La primera es una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sobre la que el arquitecto Matías Tabar declaró ante la Justicia que las obras de refacción tuvieron un costo de aproximadamente USD 245.000 pagados en efectivo y sin facturas. Las reformas habrían incluido una piscina de mármol con cascada. La segunda es un departamento en el barrio porteño de Caballito, en cuya compraventa testigos afirman que Adorni mantiene una deuda informal de USD 65.000 con el vendedor, Pablo Feijó. La Justicia también investigó el viaje del matrimonio a Nueva York, en el marco de la Argentina Week, cuyos pasajes en clase ejecutiva de Delta Air Lines costaron más de USD 10.000 y aparecen vinculados a cuentas oficiales de la Jefatura de Gabinete bajo la etiqueta de "misión oficial".
Un elemento que agravó la situación judicial fue el uso detectado por la Justicia de mensajes temporales de WhatsApp —que se autodestruyen tras un tiempo determinado— en comunicaciones de Adorni con el contratista. La maniobra es interpretada por los investigadores como un intento de destrucción de evidencia, lo que podría añadir otra figura penal al expediente. Adicionalmente, la causa explora el presunto uso de efectivos de la Gendarmería Nacional para la custodia exclusiva del domicilio particular del funcionario, hecho que configuraría peculado por uso de recursos públicos para beneficio personal.
Estado procesal y principales figuras investigadas
| Hecho investigado | Figura penal | Estado |
|---|---|---|
| Incremento patrimonial no justificado (USD 346.950 en efectivo en menos de un año) | Enriquecimiento ilícito (9 a 15 años) | Imputado. Indagatoria en estudio |
| Viaje en avión privado a Punta del Este financiado por Grandío | Dádivas / negociaciones incompatibles | En investigación |
| Contratos de Imhouse con TV Pública y Radio Nacional (6 acuerdos) | Tráfico de influencias / negociaciones incompatibles | Expediente en Juzgado Lijo |
| Obras en country Indio Cuá (USD 245.000 en efectivo sin facturas) | Enriquecimiento ilícito / lavado | Secreto fiscal levantado |
| Deuda de USD 65.000 en dpto. de Caballito | Enriquecimiento ilícito | En investigación |
| Uso de Gendarmería Nacional para custodia particular | Peculado | En análisis |
| Mensajes de WhatsApp temporales con contratista | Posible obstrucción de la Justicia | Bajo análisis forense |
| Pasajes a Nueva York en misión oficial (más de USD 10.000) | Malversación / peculado | En investigación |
La estrategia del gobierno: sostener a Adorni sin defenderlo
Frente al avance judicial, el presidente Javier Milei adoptó una postura de respaldo político explícito pero creciente incomodidad interna. El 4 de mayo, horas antes de partir hacia Estados Unidos, Milei sentó a Adorni a su lado durante un encuentro en la Casa Rosada con autoridades de la B'nai B'rith Internacional y la DAIA, en un gesto de apoyo cargado de simbolismo. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, también expresó su respaldo al funcionario. Adorni, por su parte, sostuvo que "si me pegan a mí, le pegan a Milei", enmarcando las investigaciones judiciales como un ataque político al proyecto libertario.
Sin embargo, La Nación consignó que dentro del gabinete crece un malestar silencioso: los ministros ya no defienden públicamente al funcionario, y los aliados parlamentarios del oficialismo negocian con mayor distancia. En el Congreso, la situación derivó en una parálisis legislativa: la oposición presentó pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni, mientras La Libertad Avanza intentó postergar los debates en el recinto. La Ley Hojarasca, uno de los proyectos centrales del oficialismo, quedó trabada en parte por el efecto político del caso. Según el analista político Gustavo Córdoba, el gobierno perdió entre 7 y 10 puntos entre su propio electorado como consecuencia directa del escándalo.
Perspectiva analítica: el costo de la contradicción
El caso Adorni tiene una dimensión que va más allá de lo estrictamente judicial: representa la mayor contradicción interna del gobierno de Milei desde su asunción en diciembre de 2023. Un proyecto político que construyó su identidad sobre la batalla contra "la casta" y la denuncia de la corrupción kirchnerista enfrenta ahora acusaciones de enriquecimiento ilícito, contratos irregulares con medios estatales y uso de recursos públicos para beneficio privado en la figura de su propio jefe de Gabinete. La decisión de sostener a Adorni en el cargo —a pesar del avance sostenido de la causa judicial— responde a la escasez de cuadros de confianza dentro del esquema presidencial, pero tiene un costo político que los propios asesores del gobierno reconocen como creciente. Si el juez Lijo formaliza la citación a indagatoria antes de julio, la presión sobre el gobierno podría escalar hacia una crisis de gabinete de primer orden en el tramo previo a las elecciones legislativas de 2027.