El BCRA avanza en un marco para que los bancos ofrezcan servicios cripto a partir de 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) trabaja en un nuevo marco regulatorio que podría habilitar, a partir de 2026, a los bancos a ofrecer servicios de trading y custodia de criptomonedas a sus clientes. Se trataría de un giro de fondo respecto de la prohibición vigente desde 2022, que impide a las entidades financieras operar con activos digitales, y abriría la puerta a la integración del negocio cripto dentro del sistema financiero formal.

De acuerdo con las filtraciones conocidas en las últimas horas, el esquema en análisis contempla que los bancos puedan ofrecer únicamente un conjunto acotado de activos digitales considerados de baja volatilidad relativa o con mayor nivel de liquidez global, como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y algunas monedas estables vinculadas al dólar. La operación se realizaría bajo estrictos requisitos de capital, reportes de cumplimiento y normas antilavado, en coordinación con la Comisión Nacional de Valores (CNV) y otros organismos de control.

La discusión se produce en un contexto en el que Argentina se consolidó como uno de los mercados con mayor adopción de criptoactivos de la región, impulsado por años de alta inflación, pérdida de poder adquisitivo del peso y restricciones cambiarias. Millones de usuarios se volcaron a las billeteras virtuales y a las plataformas de intercambio para ahorrar en monedas digitales o dolarizadas, muchas veces fuera del radar regulatorio y con altos riesgos tecnológicos y legales.

Para el BCRA, el desafío es doble: por un lado, responder a una demanda social que ya existe y que se canaliza por fuera de los bancos; por otro, evitar que la exposición desmedida a activos volátiles genere nuevas fuentes de inestabilidad financiera. El borrador que se discute en el organismo apunta a que las operaciones cripto se concentren en unidades de negocio específicas dentro de cada banco, con balances segregados, políticas de gestión de riesgos diferenciadas y reservas de capital adicionales para cubrir eventuales pérdidas.

Otra de las piezas en evaluación es el diseño de un registro de proveedores de servicios tecnológicos y de custodia, que podrían operar en alianza con los bancos para la administración de las billeteras y de las claves de los clientes. La idea es que estas empresas también queden bajo supervisión, con exigencias de ciberseguridad, auditorías periódicas y protocolos claros de respuesta ante incidentes, en un mercado que ya vivió episodios de hackeos, fraudes y quiebras de plataformas a nivel global.

En el sector financiero local, la posible apertura es seguida con atención. Algunas entidades vienen desarrollando desde hace tiempo equipos internos especializados en activos digitales y plantean que, con reglas claras, podrían ofrecer productos cripto integrados a sus aplicaciones móviles, con la misma experiencia de uso que hoy tienen las transferencias o los plazos fijos. Argumentan que eso permitiría ganar escala rápidamente y desplazar parte de la operatoria que hoy se realiza en exchanges del exterior o en intermediarios sin licencia.

Desde el ecosistema cripto, en tanto, se interpreta el debate como la confirmación de una tendencia: el paso de un esquema de prohibición a otro de regulación y supervisión. Distintos actores del sector sostienen que la entrada de los bancos puede contribuir a legitimar el uso de activos digitales, mejorar los estándares de transparencia y facilitar el diálogo con los reguladores, aunque también advierten que una regulación demasiado restrictiva podría concentrar el negocio en pocos jugadores y limitar la competencia.

El movimiento regulatorio se inscribe, además, en una estrategia más amplia del Gobierno para redefinir el rol del Estado en el sistema financiero y en los mercados de capitales. La administración nacional viene impulsando una agenda de desregulación y apertura que incluye la flexibilización de controles cambiarios y la revisión de normas que, en los últimos años, limitaron la innovación en medios de pago y finanzas digitales. La discusión sobre el lugar de las criptomonedas en ese nuevo esquema forma parte de este replanteo de fondo.

Entre los puntos que aún generan debate técnico aparecen el tratamiento impositivo de las operaciones, los criterios para determinar qué activos podrán ser ofrecidos por los bancos, la protección de los usuarios minoristas frente a la alta volatilidad de los precios y el eventual impacto de una mayor “financiarización” del mercado cripto sobre la estabilidad del sistema en su conjunto. El BCRA también analiza mecanismos para asegurar que los clientes reciban información clara sobre los riesgos asociados y no confundan los depósitos tradicionales con las inversiones en activos digitales.

En cualquier caso, el eventual cambio de reglas no será inmediato. Aunque en el mercado se menciona la posibilidad de que el nuevo marco esté listo hacia 2026, el proceso requiere la redacción de normas específicas, la coordinación con otros reguladores y, probablemente, la participación del Congreso para adecuar la legislación vigente. Además, los bancos necesitarán tiempo para adaptar sus sistemas, capacitar a su personal y definir sus estrategias comerciales en un negocio que, si bien promete nuevas fuentes de ingresos, también implica una elevada exposición reputacional.

La decisión que tome el Banco Central será observada de cerca por la región. Si Argentina pasa de una prohibición formal a un esquema de regulación con bancos como protagonistas, podría convertirse en un caso testigo para otros países con inflación alta y fuerte uso de criptoactivos por parte de la población. El resultado final dependerá de cómo se logre equilibrar la innovación financiera con la protección de los usuarios y la estabilidad macroeconómica, en un país que ya acumula una larga experiencia de crisis cambiarias y ensayos regulatorios fallidos.