Aulas, góndola y gobernabilidad: pruebas de realidad
En la Argentina contemporánea, el termómetro social no está únicamente en las encuestas ni en los hashtags, sino en una ecuación más simple y brutal: el precio en la góndola, el salario que llega —cada vez— con más cuentas pendientes, el transporte que insiste en morder una porción creciente del bolsillo y la escuela que debería ser territorio de certezas pero a menudo se vuelve tablero de discusiones presupuestarias. En ese marco, la política intenta exhibir épica, pero el humor colectivo se organiza alrededor de una pregunta pedestre y contundente: ¿me alcanza?
La respuesta, casi siempre, depende del día del mes y del barrio. No es que falten discursos, diagnósticos o planes; sobran. Lo que falta es un hilo conductor que convierta el orden macroeconómico en alivio cotidiano. Cualquier administración, oficialista u opositora, puede mostrar planillas que se mueven en la dirección correcta y, al mismo tiempo, encontrar una sociedad que siente que su vida diaria no mejora. Ese hiato entre el indicador y la heladera es, hoy, el verdadero campo de disputa política.
La educación ocupa un lugar central en esa disputa. No sólo por los salarios docentes o el mantenimiento de las escuelas y universidades, sino porque allí se procesa algo más hondo: la promesa de movilidad social. Cuando una comunidad percibe que estudiar deja de ser una escalera y se transforma en un pasillo sin salida, todo el contrato democrático se deshilacha. Cuidar el aula —su continuidad, su calidad, su acceso— no es un tema sectorial: es la base material de cualquier proyecto de país.
Pero tampoco alcanza con blindar el aula si la ciudad alrededor se vuelve impracticable. La seguridad, el transporte y la salud son los otros tres lados de un mismo cuadrado. Si la llegada a clase es un viacrucis, si atenderse es una odisea de turnos y si el barrio se percibe sitiado por el miedo, la discusión macro pierde sentido. A la inversa, cuando el trayecto es previsible, el hospital funciona y la esquina se vuelve transitable, la ciudadanía otorga un crédito social que ninguna cadena nacional puede conseguir por sí misma.
La política suele oscilar entre dos tentaciones: el gesto espectacular —el anuncio que busca emoción— y la retórica del sacrificio —la apelación a aguantar porque mañana será mejor—. Ambos recursos pueden ser válidos si están calibrados; se vuelven contraproducentes cuando sustituyen a la gestión. El espectáculo sin resultados deja resaca; el sacrificio sin horizonte deja cinismo. Gobernar, en cambio, es una tarea menos fotogénica: coordinar a muchas áreas que no salen en la foto, construir acuerdos que no caben en un tuit e insistir en una palabra que parece menor pero explica casi todo: continuidad.
Continuidad no significa inmovilismo. Significa que una política pública que funciona hoy no sea demolida mañana por el simple hecho de que cambia el color de quien gobierna. La Argentina paga demasiado caro su cultura de refundaciones: cada ciclo que empieza intenta inventar el mundo y suele terminar improvisando el día a día. En educación, salud, seguridad y obra pública, la mejor innovación es muchas veces sostener lo que se probó útil y corregir lo que salió torcido, en lugar de empezar de cero con nuevos eslóganes.
Hay, sin embargo, una tarea que sí admite épica: la de reconstruir confianza. No se trata de prometer milagros, sino de decir la verdad —aun cuando sea incómoda— y de cumplir lo que se promete —aun cuando sea poco glamoroso—. La confianza nace de un inventario compartido de problemas y de un calendario razonable de soluciones. Si el gobierno de turno logra explicitar prioridades sencillas —estabilizar precios, cuidar el ingreso de los que trabajan, asegurar aulas encendidas y consultorios abiertos— y si la oposición acompaña lo que sirve y critica con alternativas donde no, habrá condiciones para un clima menos crispado y más eficaz.
El desafío social argentino no es únicamente económico; es narrativo. Durante años se instaló la sensación de que todo esfuerzo individual caía en saco roto. El mérito se volvió una palabra sospechosa y la igualdad una promesa que llegaba tarde. La única manera de reconciliar esas dos intuiciones es con una política que premie el trabajo y, al mismo tiempo, proteja a quien arranca desde más atrás. Ese balance no se resuelve con frases grandilocuentes; requiere presupuestos, prioridades y una ética de la gestión cotidiana.
En lo inmediato, la pregunta que conviene hacerse no es quién grita más fuerte, sino quién está dispuesto a hacerse cargo de las tareas silenciosas: arreglar una escuela a tiempo, garantizar vacunas y medicamentos, poner luz en una cuadra insegura, hacer funcionar un servicio que nadie nota hasta que falla. Las sociedades no se enamoran de los formularios, pero aprenden a valorar a quienes los hacen bien porque saben que allí, en esa humilde cadena de trámites y oficios, se juega la diferencia entre un país que funciona y uno que no.
Es posible, todavía, una normalidad que no sea sinónimo de resignación: una normalidad hecha de reglas claras para producir y trabajar, de una moneda que no se disuelva cada semana, de un Estado que esté donde debe estar y se retire donde estorba. No hace falta una epopeya para empezar; alcanza con pequeños triunfos repetidos. Cuando la góndola deja de ser una ruleta, el aula deja de ser un privilegio y la calle vuelve a ser un lugar compartido, la política encuentra un lenguaje más simple y más honesto. Y la gobernabilidad, esa palabra tantas veces manoseada, empieza a parecerse a lo que siempre debió ser: la administración sobria de lo común.
Octavio Chaparro
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