Exportación de ganado en pie despues de mucho tiempo
El reciente decreto del Poder Ejecutivo que deroga la prohibición de exportar ganado vacuno en pie marca un quiebre en la política ganadera argentina. Tras décadas de vedas y regulaciones estrictas, el país vuelve a abrir la puerta a una modalidad comercial con potencial de impacto profundo: económico, social, sanitario y ambiental. Detrás de la decisión hay una agenda clara de liberalización, pero también una apuesta riesgosa que deberá sortear obstáculos históricos y resistencias de sectores que temen la pérdida de valor agregado en la cadena cárnica.
La normativa que se deroga —originalmente establecida en 1973— había sido impuesta en un contexto de escasez y urgencia de abastecimiento interno. Sin embargo, durante más de cincuenta años esa restricción persistió como dogma regulatorio. Con el decreto 133/2025 se anula esa limitación y se habilita la exportación de ganado vivo con destino a faena, en lo que muchos interpretan como una apuesta por la desregulación como vía para insertarse más agresivamente en mercados globales.
Desde el punto de vista macroeconómico, la medida responde a la necesidad de generar divisas frescas y diversificar las exportaciones agrícolas tradicionales. En un contexto donde las exportaciones de carne ya enfrentan barreras sanitarias, cupos y exigencias de origen, la venta de animales vivos aparece como una alternativa con menor procesamiento local y, en algunos casos, con menores costos operativos para el exportador. También busca alinearse con prácticas ya habituales en otros países ganaderos: actualmente, 92 países exportan ganado en pie. Algunos defensores argumentan que esta modalidad puede estimular inversiones en cría y recría al ofrecer un nuevo mercado con premio por calidad genética y peso. En Uruguay, por ejemplo, ese régimen registra exportaciones crecientes: entre 2023 y 2024 alcanzaron niveles de entre 300.000 y 350.000 cabezas con ventas valoradas en más de 250 300 millones de dólares.
Pero ese panorama promisorio convive con voces de alerta: numerosos actores del sector frigorífico, sindicatos y analistas señalan que la exportación de animales vivos puede erosionar el valor agregado local. En ese escenario, parte del negocio de transformación —faena, cortes, enfriado, empaquetado— quedaría en manos del país importador. También existe el temor concreto de que se genere desajuste en el abastecimiento del mercado interno, en especial en periodos de demanda elevada o restricciones sanitarias.
En efecto, la industria frigorífica argentina, con cientos de plantas distribuidas por todo el país y miles de puestos de trabajo vinculados, podría verse afectada si parte de la ganadería destinada a faena se desvía hacia embarques de animales vivos. Además, los acuerdos comerciales que Argentina mantiene con distintos bloques —y los compromisos de cuotas país en carne enfriada— podrían verse tensionados si las exportaciones vivas alteran los volúmenes de oferta local. Un informe del Instituto de Estudios Agropecuarios advierte que esta modalidad es “marginal” en la práctica internacional, pues incluso los mayores exportadores de ganado en pie (como Brasil) destinan solo entre 1 y 2 % de su ganado a esa vía.
El asunto sanitario es otro punto neurálgico. Para que la exportación viva sea viable, será imprescindible establecer protocolos rigurosos de cuarentena, transporte, control de salud animal y trazabilidad ante mercados exigentes. Argentina deberá negociar estos acuerdos con países compradores, lo cual implica requisitos altos en estándares veterinarios, certificaciones internacionales y controles en origen y destino. Ya hay gestiones sobre Israel como destino prioritario, y negociaciones con Turquía, Marruecos y otros países de Oriente Próximo. Incluso se habla de protocolizar el vínculo con técnicos israelíes y adaptarse a exigencias sanitarias muy estrictas.
Además, surgen cuestiones ligadas al bienestar animal. Las operaciones marítimas de traslado de animales vivos han sido denunciadas por organizaciones de protección animal ante condiciones de hacinamiento, estrés y muertes durante el tránsito. Estudios documentales muestran prácticas crueles en algunos embarques, lo cual puede generar presión internacional contra países exportadores. Si Argentina pretende mantener reputación como proveedor de productos de calidad y con estándares éticos, deberá incorporar mecanismos de control y transparencia rigurosos.
Por otro lado, la exportación de ganado en pie puede chocar con la legislación ambiental emergente. La Unión Europea prepara regulaciones más estrictas sobre productos vinculados al uso de tierras deforestadas (regulación “Anti Deforestación”), que podría incluir cadenas agropecuarias, entre ellas el sector bovino. Aunque el impacto proyectado en Argentina parece limitado (una caída estimada del PIB de 0,14 % en escenarios adversos), la norma amenaza con condicionar el comercio con mercados europeos de alto valor. La apertura al mercado vivo deberá calibrarse frente a esas barreras emergentes, ya que una exportación descontrolada podría colisionar con exigencias de cadena limpia, trazabilidad ambiental y derechos de origen.
Operativamente, la logística portuaria, el transporte interprovincial y los puntos de embarque se convertirán en ejes estratégicos. Se ha hablado del puerto de Ibicuy como plataforma clave para el envío de animales vivos, con inversiones previstas en infraestructura de cargamento, corrales de cuarentena y sistemas de manejo animal. El desafío de coordinar cadenas federales, articular actores públicos y privados, y garantizar controles en niveles territoriales será enorme. Las diferencias regionales en condiciones de pasto, transporte, clima y costos harán que la competencia entre provincias también sea un factor definitorio.
En este contexto, la clave del éxito —o el fracaso— de la nueva política dependerá de la capacidad del Estado para regular correctamente, de la madurez del sector privado para asumir mejoras tecnológicas y de manejo, y de la conciencia ciudadana sobre los efectos económicos, sociales y ambientales. El simple hecho de habilitar la exportación viva no garantiza que Argentina vaya a convertirse en un gigante del comercio bovino vivo. La competitividad histórica del país en carne reside en su integración productiva, su prestigio sanitario y la calidad de su oferta. Si optamos por dispersar la cadena, podemos entregar buena parte de ese valor agregado.
Por eso, la apertura debe venir acompañada de políticas de estímulo a la transformación local: incentivos a frigoríficos, inversión en innovación genética, capacitación en manejo de transporte animal, mecanismos de control sanitario robustos y compensaciones para los sectores más vulnerables de la cadena (como pequeños productores y trabajadores frigoríficos). Si no, corremos el riesgo de que los beneficios principales queden concentrados en operadores especializados y mercados internacionales, sin que el interior productivo argentino perciba mejoras sustanciales.
Finalmente, esta decisión no puede evaluarse en el corto plazo ni en función de un único objetivo monetario. El retorno político y económico deberá juzgarse también con variables sociales, aunque difíciles de cuantificar: empleo regional, justicia territorial, sustentabilidad ambiental y legitimidad internacional. Argentina tiene la chance de sumarse al negocio global del ganado en pie, pero solo si lo hace con reglas claras, equidad, visión de Estado y responsabilidad ante el entorno. Si no, puede quedar atrapada en una ilusión exportadora donde el león se lleva la presa y el criador nacional solo contempla las garras.
Octavio Chaparro
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