El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y fijó su valor para diciembre de 2025 en $334.800 mensuales, luego de que fracasara el intento de acuerdo en el Consejo del Salario. La decisión se tomó mediante una resolución de la Secretaría de Trabajo publicada en el Boletín Oficial y forma parte de un esquema de incrementos que se extenderá hasta agosto de 2026.
Con la medida, la administración busca ordenar una referencia central para el mercado laboral y para distintas prestaciones que se calculan en función del salario mínimo, entre ellas algunos programas de empleo y ayudas sociales. El nuevo monto rige como piso para los trabajadores formales alcanzados por la legislación laboral y también impacta sobre el valor de determinadas indemnizaciones, becas y cuotas alimentarias fijadas por la Justicia.
La resolución establece además un cronograma de aumentos mensuales de menor magnitud para los próximos meses. Luego del ajuste de noviembre, el valor del salario mínimo escala a $334.800 en diciembre y seguirá subiendo de manera gradual durante 2026, con una serie de incrementos previstos que llevan la cifra por encima de los $370.000 hacia agosto del año próximo. El esquema apunta a dar previsibilidad sobre la trayectoria del SMVM en un contexto todavía marcado por la inflación y la recomposición parcial de ingresos.
El nuevo valor del salario mínimo llega después de varios meses sin actualizaciones, en los que la referencia se había mantenido congelada mientras la inflación seguía avanzando. Distintos relevamientos privados y oficiales señalan que, pese a la mejora nominal, el poder adquisitivo del SMVM continúa por debajo de los niveles de años previos, lo que se traduce en una pérdida de capacidad de compra frente al costo de la canasta básica y de servicios esenciales.
En el plano institucional, el Gobierno resolvió intervenir luego de que los representantes de empleadores, sindicatos y el propio Estado no lograran un acuerdo en el seno del Consejo del Salario. Como establece la normativa, ante la falta de consenso, la autoridad de aplicación tiene la facultad de fijar unilateralmente el nuevo piso salarial. La decisión, sin embargo, reavivó el debate sobre el rol de ese ámbito tripartito y sobre el margen real de negociación de las partes en un contexto de fuerte caída del ingreso real.
Las organizaciones sindicales cuestionan que el aumento resulte insuficiente frente a la suba de precios y sostienen que el salario mínimo debería ubicarse por encima del costo de una canasta básica total para una familia tipo. Señalan que, en numerosos sectores, el SMVM se ha convertido en una referencia indirecta para la fijación de escalas salariales y que, cuando queda rezagado, arrastra hacia abajo el resto de las remuneraciones. También advierten que la brecha entre el piso legal y los salarios efectivamente percibidos en las ramas de menor productividad se ha ampliado en los últimos años.
Del lado empresario, en cambio, persisten las preocupaciones por el impacto del aumento de costos laborales sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en ramas intensivas en mano de obra y con baja rentabilidad. Dirigentes del sector privado sostienen que la suba del salario mínimo debe ser compatible con la capacidad de pago de las firmas y advierten que incrementos muy superiores a la productividad pueden derivar en más informalidad, reducción de horas de trabajo o postergación de nuevas contrataciones.
El nuevo esquema también tiene efectos sobre programas que utilizan el salario mínimo como parámetro de cálculo. En algunos casos, el monto del SMVM actúa como referencia para determinar topes de ingresos, compatibilidad de beneficios o niveles de prestación. Por eso, el ajuste obliga a recalibrar el presupuesto destinado a estas políticas, al tiempo que reabre la discusión sobre el modo en que se articula la política salarial con las medidas de asistencia y promoción del empleo.
Para los especialistas en mercado de trabajo, la definición del salario mínimo en un contexto de estabilización gradual de la macroeconomía plantea un equilibrio delicado. Por un lado, las autoridades buscan consolidar la baja de la inflación y evitar que la dinámica de precios se recaliente; por el otro, el deterioro acumulado de los ingresos laborales y el aumento de la pobreza presionan para que el SMVM recupere terreno más rápidamente. En ese marco, el sendero de aumentos pautado hasta agosto de 2026 será observado de cerca por trabajadores, empresas y organismos que monitorean la evolución social.
La actualización también se inscribe en la discusión más amplia sobre la estructura del mercado de trabajo argentino, marcado por altos niveles de informalidad, brechas entre sectores y fuerte heterogeneidad productiva. En muchos rubros con baja registración, el salario mínimo opera más como referencia simbólica que como piso efectivo, pero sigue siendo un indicador clave para evaluar la orientación de la política laboral, el nivel de protección de los trabajadores y la capacidad del Estado para fijar estándares mínimos de ingreso.
En los próximos meses, el Gobierno deberá compatibilizar este nuevo esquema salarial con la agenda de reformas que planea impulsar en el Congreso, donde se anticipan discusiones sobre cambios en las normas laborales, en la negociación colectiva y en los regímenes de contratación. La forma en que se articule el salario mínimo con esas reformas, y el resultado que tengan sobre el empleo, la informalidad y el poder de compra de los trabajadores, será determinante para el clima social y político de 2026.