Quedan pocas divisas en el agro

Octubre 2025

El 2025 consolidó una verdad incómoda: el campo argentino, que durante décadas funcionó como amortiguador anticíclico y proveedor de divisas, hoy ya no alcanza para sostener por sí solo la estabilidad externa. El “colchón” que en otras épocas permitió ganar tiempo entre cosecha y cosecha luce más delgado, más volátil y, sobre todo, más condicionado por decisiones de política pública que han privilegiado el corto plazo por encima de una estrategia de previsibilidad. La frase “quedan pocas divisas en el agro” ya no es un eslogan alarmista; es una descripción operativa de la balanza cambiaria y de la caja del Estado.

Para entender por qué se agotó el colchón hay que mirar tres capas: la estacionalidad productiva y climática, la dinámica de precios y primas en los mercados internacionales, y el marco local de reglas, impuestos e incentivos. En el frente productivo, la recuperación después de la sequía fue heterogénea: hubo rindes que sorprendieron al alza en zonas núcleo, pero persistieron daños en subregiones que ajustaron tarde su perfil hídrico. El resultado fue una producción razonable, pero sin el excedente extraordinario que algunos presupuestaban cuando se anunciaba la “normalización” climática. Con menos volumen y con costos financieros todavía elevados, la tentación de retener grano como cobertura frente a la incertidumbre cambiaria volvió a escena.

Los precios internacionales, por su parte, dejaron de jugar como viento de cola pleno. El maíz y la soja transitaron meses de corrección por mejores perspectivas productivas globales y por señales mixtas de demanda, en tanto el trigo enfrentó tensiones logísticas y comerciales que empujaron subas puntuales pero no sostenidas. La foto del FOB hoy es menos eufórica y las primas por calidad no compensan, en todos los casos, los costos internos. A esto se agrega la compresión de márgenes en la cadena: transporte, flete, seguros, servicios y tasas han capturado una porción mayor del precio final, especialmente para productores alejados de puertos.

En la capa más sensible —las reglas de juego—, la economía se manejó con instrumentos transitorios: suspensiones acotadas de derechos de exportación, esquemas de “dólar exportador” o blends temporarios, cambios en plazos de liquidación y ajustes administrativos que alentaron liquidaciones adelantadas. Esos parches, eficaces para generar una bocanada de dólares durante algunas semanas, reproducen siempre el mismo problema: adelantan el flujo de oferta pero erosionan la oferta futura. Cuando expiran o se modifican, el mercado reacciona con prudencia, dosifica ventas y normaliza un ritmo de liquidación más bajo que el promedio histórico.

El impacto macro de esta dinámica es directo. Si el Estado contaba con un ritmo de ingreso de divisas que sostenía intervenciones cambiarias, pagos de importaciones críticas y compromisos financieros, la caída de la liquidación del agro deja huecos que no son fáciles de cubrir. En ese vacío aparecen tres riesgos clásicos: mayor presión sobre los tipos de cambio alternativos, encarecimiento del crédito externo por aumento del riesgo país, y un pass-through inflacionario que se realimenta con expectativas. En el tablero, la variable política es tan importante como la aritmética: sin un horizonte nítido de reglas, la sensibilidad del productor a cualquier ruido se multiplica.

También hay razones micro que, sumadas, explican por qué la caja se seca más rápido. El productor que vendió aprovechando incentivos transitorios, ahora espera señales de reposición: tasa real, seguro climático, acceso a prefinanciación, crédito para capital de trabajo y maquinaria. Si esas herramientas no aparecen, la lógica de cobertura vuelve a dominar. El exportador, por su parte, mira con lupa los plazos de pago y la disponibilidad de financiamiento: la prefinanciación bancaria internacional exige certidumbre regulatoria; si percibe que las reglas pueden cambiar, reduce exposición o acorta plazos, lo que restringe el adelanto de divisas. En la industria, la capacidad ociosa mejora respecto de 2023, pero la volatilidad de precios internos y tarifas presiona los costos y complica el “crush” sojero y maicero.

El canal logístico suma otra pieza del rompecabezas. La infraestructura portuaria y vial muestra avances, pero la competitividad integral sigue condicionada por cuellos de botella en accesos, dragado, costos de barcazas y tiempos de espera. Cada ineficiencia resta dólares: se exporta menos, más tarde o a menor precio. La ecuación del productor extra-pampeano —el que viaja cientos de kilómetros hasta un puerto— es especialmente frágil: en él se verifican antes que en nadie las señales de retraimiento de oferta.

En este contexto, la discusión sobre retenciones merece precisión. No hay país agrícola competitivo que desincentive exportaciones de su principal generador de divisas en momentos de fragilidad externa. Las alícuotas planas pueden ser fáciles de administrar, pero castigan sin discriminar: al pequeño y mediano productor de zonas alejadas lo golpean dos veces, por el impuesto y por la logística. Un esquema inteligente, preanunciado y plurianual, podría contemplar trayectorias decrecientes condicionadas a metas macro, con devoluciones o créditos fiscales por inversión en tecnología y sustentabilidad. Eso estabiliza expectativas y alinea incentivos con la política climática y de innovación.

También es momento de corregir inercias en el mercado cambiario. La multiplicidad de referencias y la convivencia de mecanismos paralelos generan arbitrajes que alimentan la dolarización precautoria. Un programa creíble de convergencia cambiaria —no un salto aislado, sino una hoja de ruta con hitos verificables— reduciría el apetito por cubrirse con grano y facilitaría la venta comercial. El productor vende cuando percibe que el precio relativo es justo y estable; el exportador adelanta cuando confía en recuperar capital a un tipo de cambio previsible; la industria procesa cuando puede proyectar márgenes a 6–12 meses.

Del lado de la oferta tecnológica, el agro argentino no está quieto. Siembra variable, agricultura de precisión, biotecnología, manejo de suelos, rotaciones más inteligentes y adopción de insumos biológicos muestran una frontera de productividad que sigue ampliándose. Pero el salto que falta es institucional: reglas conocidas, estabilidad tributaria, desburocratización de registros y un régimen de comercio exterior que no penalice el valor agregado. La cadena puede aportar más dólares si se la ayuda a integrar procesos —por ejemplo, incentivando crushing, bioenergía, proteínas vegetales y lácteas— en lugar de tratarla exclusivamente como proveedor de grano sin procesar.

Hay margen, además, para una ingeniería financiera que estabilice flujos. Los fideicomisos de exportación atados a contratos forward, seguros de precio con coberturas de opciones más accesibles, líneas de prefinanciación a tasa competitiva y mecanismos de garantía recíproca podrían suavizar el zigzag de liquidaciones. Si el productor accede a instrumentos simples, transparentes y de bajo costo, su necesidad de cubrirse atesorando físico disminuye y se libera mercadería al mercado.

La política pública, por su parte, tiene tareas inmediatas y de mediano plazo. En el corto, ordenar cronogramas de pagos fiscales y aduaneros, eliminar superposiciones regulatorias, simplificar la declaración y el recupero de saldos técnicos y bajar el costo de moverse dentro del sistema. En el mediano, acordar con el Congreso un marco de estabilidad para la agroexportación: un estatuto de 5 a 7 años que evite sorpresas, fije pisos y techos de presión tributaria, y haga explícita la orientación pro-exportadora del país. La previsibilidad es el insumo que más dólares rinde a la larga.

Nada de esto desconoce las urgencias fiscales. Los dólares del agro son el combustible que mantiene encendido el motor macro; pero si se los consume sin plan, el vehículo se queda a mitad de camino. La clave es salir del péndulo entre incentivos súbitos y frenos repentinos, que apenas cambian de manos las rentas pero erosionan la base productiva. Un acuerdo sectorial que condicione beneficios al cumplimiento de metas verificables —por ejemplo, mayor formalización, inversión en riego eficiente, buenas prácticas ambientales— puede construir legitimidad política y social para la apertura exportadora.

Importa también el frente internacional. La inserción comercial de Argentina continúa siendo estrecha: se concentra en pocos productos y destinos. La diplomacia económica debería enfocarse en ganar acceso sanitario, eliminar barreras para bioproductos, homologar estándares y promover cadenas regionales con Brasil, Paraguay y Uruguay que agreguen densidad industrial a la biomasa. Cada nuevo mercado estable suma previsibilidad de precios y reduce la exposición a shocks exógenos.

Si nada cambia, el guion es conocido: el flujo de dólares se enfría hacia el último trimestre, las reservas sufren, el mercado adelanta coberturas, el tipo de cambio vuelve a tensionarse y el impulso de la actividad se debilita. Pero hay alternativa. El camino requiere liderazgo político, fineza técnica y voluntad de construir confianza. Convertir al agro de “caja de emergencia” en “motor previsible” es un proyecto de país: exige respetar contratos, honrar cronogramas y apostar a la inversión más que a la recaudación inmediata.

Quedan pocas divisas en el agro, sí. Pero no porque el campo haya perdido productividad o vocación exportadora. Lo que falta es tiempo y certidumbre para que ese potencial se traduzca en dólares efectivos y sostenibles. La pregunta no es cuántos dólares puede aportar el sector este mes, sino cuántos puede comprometer —con reglas claras— durante los próximos cinco años. Cuando la política responda con una arquitectura estable, la caja dejará de temblar y el país podrá planificar sin respirar con la garganta apretada entre cosecha y cosecha.

En definitiva, la salida es menos épica y más profesional: objetivos medibles, instrumentos consistentes y evaluación pública. Cuanto antes se admita que la volatilidad de la oferta de divisas nace en la volatilidad de las reglas, más rápido se reconstruirá la confianza. Y con confianza, la Argentina agroindustrial recuperará su papel como ancla macroeconómica, no por decreto ni por urgencia, sino por competitividad y escala.

Octavio Chaparro

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