Declaraciones de Guillermo Francos
En democracia, la confianza pública en las instituciones no se sostiene sobre slogans ni sobre gestos retóricos, sino sobre hechos comprobados, investigaciones transparentes y responsabilidades claras. La reciente polémica en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) plantea una prueba severa para el gobierno actual: ¿será capaz de transformar denuncias en esclarecimiento o se resignará al eco de la sospecha?
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha defendido con firmeza que “no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción”. Esa declaración, sin embargo, choca con la exigencia democrática: que frente a acusaciones serias –como las que provienen de los audios atribuidos al exdirector Spagnuolo– el silencio no alcance, la ambigüedad no sea suficiente, y la respuesta no sea un contraataque político. Porque el problema no es solo lo que se dice que ocurrió, sino lo que no se muestra.
Francos califica las acusaciones como una operación política. Es una estrategia recurrente en el debate público: desalentar la exigencia de pruebas apelando al carácter conspirativo del opositor. Pero responsabilizar a otros no equivale a aclarar nada. La política no puede basarse en acusaciones sin pruebas ni en la defensa preventiva del honor. En ese punto, la institucionalidad se ve amenazada.
Otro aspecto preocupante es el papel de los influencers y operadores de redes que Francos cuestiona. En la era digital, estos personajes tienen un peso cada día mayor en la conformación de la opinión pública. Cuando mensajes sin base probatoria se viralizan, la política se deteriora, porque destruye sin construir, acusa sin demostrar, polariza sin explicar. No basta con decir que las redes son salvajes. Hay que desarmar la narrativa, presentar evidencias, abrir las puertas de la transparencia.
El Congreso también entra en juego. En su sesión reciente, la oposición insistió con proyectos vetados y exigió respuestas. Francos admitió que la jornada sería difícil, considerando que muchos actores parlamentarios tienen elecciones próximas y “van a hacer lo posible por generarle daño al Gobierno”. Político es ese escenario, pero no puede ser excusa para eludir debates ni para rehuir responsabilidades. En un Estado republicano, la contienda electoral y la rendición de cuentas deben coexistir.
En definitiva, un gobierno que declara que no hay corrupción debe soportar la carga de demostrar que eso es cierto. No basta con exigir que la justicia actúe; es imprescindible facilitar su labor, satisfacer el derecho ciudadano a saber, y construir una estrategia de transparencia que vaya más allá de la desmentida. Los audios que hablan deben encontrar réplica en documentos, investigaciones independientes y sanciones si correspondiese.
La ciudadanía merece algo más que certezas expresadas con firmeza: merece evidencias, claridad y consecuencias. Porque el prestigio de una administración no se edifica solo sobre lo que proclama, sino sobre lo que prueba, lo que cambia y lo que rinde cuentas.
Octavio Chaparro