El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales y cubrir 300 vacantes judiciales
El Gobierno de Javier Milei avanza simultáneamente en dos frentes judiciales de alto impacto institucional. El primero es operativo: cubrir todas las vacantes de jueces nacionales y federales —más de 300 según el plan oficial; más de 600 según cifras del propio Poder Judicial publicadas a fines de 2025— antes de que finalice el año, priorizando los fueros estratégicos de la Cámara Federal de la Capital y los Tribunales Orales Federales (TOF), y con el objetivo explícito de que los magistrados propuestos por el oficialismo ocupen el 40% del Poder Judicial. El segundo es estructural: modificar por ley el régimen del Ministerio Público Fiscal para terminar con el carácter vitalicio del cargo de Procurador General de la Nación —actualmente ejercido de manera interina por Eduardo Casal desde diciembre de 2017— y reemplazarlo por un mandato limitado de dos períodos. Combinados, los dos frentes configuran la operación de reconfiguración del Poder Judicial más ambiciosa desde el retorno de la democracia en 1983.
La agenda judicial del Gobierno de Milei en la segunda mitad de 2026 tiene una lógica que, examinada en su totalidad, revela una estrategia de largo plazo: quien designa a los jueces que investigan las causas más sensibles del país —corrupción, lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado— moldea la infraestructura institucional durante décadas. El argumento público del Gobierno es el de la eficiencia: la Justicia funciona con entre el 35 y el 51% de sus cargos vacantes según el fuero, lo que genera demoras inaceptables, acumulación de causas y, en algunos casos, lisa y llana parálisis judicial. El argumento de fondo es político: el Gobierno quiere que la segunda mitad de su mandato —y un eventual segundo término— transcurra con una Justicia federal compuesta, al menos en un 40%, por magistrados que deben su designación a este gobierno.
El plan de vacantes: 300 cargos, una meta y un timing electoral
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asumió el cargo en marzo de 2026 con una prioridad declarada desde su primer día: cubrir las vacantes en juzgados y cámaras federales. La herencia era pesada: durante los primeros dos años de gobierno, Milei no había designado a un solo juez. La Voz informó que a noviembre de 2025 había 609 vacantes en la Justicia —incluyendo jueces nacionales, federales, fiscales y defensores—, de las cuales 83 correspondían a magistrados que habían renunciado durante la gestión libertaria. En el primer trimestre de 2026, el Gobierno envió al Senado los primeros 62 pliegos para cubrir cargos en distintos fueros. En junio de 2026, Milei firmó otros 21 nuevos pliegos, entre ellos candidatos para cubrir vacantes en Córdoba —los jueces Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini—. La meta para el segundo semestre es más ambiciosa: el plan de designación escalonada contempla enviar entre 20 y 30 pliegos por sesión legislativa del Senado y, con ese ritmo, cubrir la totalidad de las vacantes activas antes del 31 de diciembre de 2026.
El plan no es solo cuantitativo. La Casa Rosada tiene identificados los fueros estratégicos donde la designación de nuevos magistrados tiene mayor impacto político y procesal: la Cámara Federal de la Capital —que revisa causas de corrupción, narcotráfico, espionaje y crimen organizado— y los Tribunales Orales Federales, donde se celebran los juicios orales de mayor resonancia nacional. La Nación informó que el objetivo final es asegurar que los candidatos propuestos por el oficialismo ocupen el 40% del Poder Judicial. La estrategia de no cubrir todos los juzgados sino priorizar los estratégicos había sido adelantada por La Nación en mayo: el Gobierno planificó reducir de 12 a 8 los juzgados federales de Comodoro Py y no cubrir las vacantes que queden en los juzgados que se fusionen o eliminen.
El Decreto 467/2026: más velocidad, menos transparencia previa
Para acelerar el proceso, el Gobierno publicó el Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial el 15 de junio de 2026. La norma, elaborada por Mahiques, modificó los decretos 222/2003 y 588/2003 que regulaban desde la presidencia de Néstor Kirchner el procedimiento de selección de magistrados, fiscales y defensores públicos. Los cambios son significativos. Se eliminó la instancia de publicación de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas dentro del Ministerio de Justicia: esa participación seguirá existiendo, pero solo en el Senado —cuando el pliego ya haya sido elevado y el candidato ya tenga el aval del Ejecutivo—. La publicación de antecedentes ya no será en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional durante tres días, sino exclusivamente en la página web del Ministerio con plazos más cortos. Se fijó por primera vez un plazo específico de cinco días para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. Y se eliminó la recomendación de que el Presidente contemple diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de la nominación.
Desde una perspectiva técnica, el decreto reduce la burocracia previa a la postulación oficial y concentra el control institucional en el Senado. La defensa del Gobierno es que la participación ciudadana no se elimina, solo se traslada: las audiencias públicas del Senado, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación final siguen intactas. La crítica de organizaciones de la sociedad civil y de constitucionalistas es distinta: cuando un candidato llega al Senado ya con el aval presidencial, la presión para rechazarlo es considerablemente mayor que cuando la filtración ocurre antes de que el pliego sea enviado formalmente. Eliminar el filtro previo no suprime la transparencia, pero sí la debilita estructuralmente al reducir la ventana de impugnación antes de que el proceso quede políticamente comprometido.
La propuesta sobre el Procurador: terminar con la vitalicidad
La segunda iniciativa del plan judicial es la más novedosa institucionalmente: la propuesta de limitar el mandato del Procurador General de la Nación mediante una modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Hoy, el Procurador General ejerce sus funciones de manera vitalicia hasta los 75 años —el mismo régimen que los magistrados judiciales— y su designación requiere el acuerdo de dos tercios del Senado. El Gobierno evalúa tres variantes, todas con estructura de dos períodos consecutivos: dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6. Ninguna opción ha sido formalmente definida. En paralelo, el proyecto legislativo de la senadora Carolina Moisés —que establece un mandato de ocho años con posibilidad de una prórroga de cuatro años más, manteniendo el requisito de los dos tercios del Senado— volvió a ganar fuerza en el debate dentro de la coalición oficialista como posible vía de consenso.
El trasfondo de la propuesta es el caso del actual titular del cargo: Eduardo Casal, quien asumió como procurador interino el 31 de diciembre de 2017 —tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó bajo la presión del entonces presidente Macri— y nunca fue confirmado formalmente por el Senado con los dos tercios que exige la ley. Casal lleva más de ocho años en el cargo en carácter de interino, lo que lo convierte —según La Nación— en el Procurador General con más tiempo en funciones desde el retorno de la democracia. Para designar a uno nuevo, el Gobierno necesita los dos tercios del Senado: 48 votos sobre 72, una mayoría que LLA no tiene ni con todos sus aliados. La reforma del mandato no resuelve esa ecuación de votos, pero cambia el marco institucional para futuros Procuradores: si el mandato pasa a ser temporario y renovable, el cargo pierde la dimensión dinástica que hoy tiene y se acerca más al modelo de otros organismos de control con mandatos fijos.
"El Gobierno se propone de acá a fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales, y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial."
La Nación — fuentes del Poder Ejecutivo, 5 de julio de 2026.| Iniciativa | Estado actual | Próximo paso | Obstáculos |
|---|---|---|---|
| Cobertura de 300+ vacantes judiciales Meta: 20-30 pliegos por sesión Senado · fin de 2026 |
En curso · 62 pliegos (mar.) + 21 pliegos (jun. 2026) · acumulado: ~83 pliegos enviados | Sesiones ordinarias agosto-noviembre · escalonamiento de pliegos por Mahiques | Senado necesita acuerdo por mayoría simple · oposición puede demorar tratamiento · negociaciones bilaterales |
| Fueros estratégicos Cámara Federal Capital + TOF (Tribunales Orales Federales) · Comodoro Py 12→8 juzgados |
Priorizados en el plan de Mahiques · candidatos identificados pero no todos confirmados | Designaciones en el segundo semestre · fusión de juzgados de Comodoro Py en análisis | Cámara Federal: sensibilidad política máxima · candidatos cuestionables pueden generar impugnaciones ante el Senado |
| Decreto 467/2026 Modifica Dec. 222/2003 y 588/2003 · elimina filtro ciudadano previo · plazos reducidos |
VIGENTE · publicado en BO el 15-21 jun. 2026 · ya aplicado en las últimas nominaciones | Aplicación inmediata · posibles impugnaciones judiciales por parte de ONGs o ciudadanos | Críticas de sociedad civil y constitucionalistas por reducción de transparencia previa |
| Reforma Procurador General Fin de vitalicidad · dos períodos (4, 5 o 6 años) · proyecto Moisés: 8+4 años |
En debate interno · sin texto definitivo · proyecto Moisés como posible vía parlamentaria | Definir duración del mandato · enviar proyecto al Congreso · ingreso por Senado | No resuelve la designación de Casal · necesita mayoría simple (no los 2/3 exigidos para el Procurador) |
| Corte Suprema: 2 vacantes Lijo y García Mansilla rechazados en 2024 · Yadarola como nuevo candidato |
Sin definición · Milei evalúa si avanza en el 2° semestre 2026 o lo deja para 2028 | Retomar negociaciones con la oposición · nueva terna de candidatos | Requiere 2/3 del Senado (48 votos) · oposición fragmentada · Lijo ya fracasó una vez |
Eduardo Casal: el Procurador que nadie confirmó ni reemplazó
El caso de Eduardo Casal ilustra con precisión la anomalía institucional que el Gobierno quiere resolver —o aprovechar, según la lectura política que se haga. Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 cuando Alejandra Gils Carbó —cuyo mandato el gobierno de Macri consideraba político y cuestionó durante toda su gestión— renunció bajo presión. Desde entonces, ningún gobierno lo confirmó formalmente con los dos tercios del Senado que la Constitución y la ley orgánica exigen, y ninguno lo reemplazó por otro candidato que pudiera reunir esa mayoría. El resultado es un funcionario que lleva más de ocho años en el cargo más poderoso del Ministerio Público Fiscal sin haber sido elegido con el procedimiento que la ley establece, en una suerte de interinato perpetuo que nadie —ni el kirchnerismo, ni el macrismo residual, ni el libertarismo— ha tenido el poder o la voluntad política de resolver.
La propuesta de limitar el mandato no resuelve la situación de Casal —que seguiría en el cargo como interino hasta que se designe un nuevo titular— pero cambia el marco para el futuro. Si el Gobierno logra reducir el mandato a dos períodos y designar a su candidato con los dos tercios del Senado, el nuevo Procurador ya no tendrá el poder fáctico de un funcionario con estabilidad vitalicia: tendrá un horizonte temporal acotado, lo que reduce —en teoría— la captura política del cargo. La crítica de los sectores que defienden la independencia del Ministerio Público es la inversa: un Procurador con mandato temporario y renovable es más susceptible de condicionamiento por el poder político que renovará o no renovará su cargo.
- Dic. 2023–dic. 2025: Milei no designa a ningún juez durante sus primeros dos años de gobierno. A noviembre de 2025 hay 609 vacantes totales: jueces, fiscales y defensores nacionales y federales. 83 magistrados renunciaron en ese período.
- Nov. 2025: Secretario de Justicia Amerio revela ante empresarios el plan de cubrir vacantes nominando a los primeros clasificados de los concursos del Consejo de la Magistratura, "no al puesto 24." La Casa Rosada inicia negociaciones subterráneas con el kirchnerismo para destrabar pliegos clave.
- Mar. 2026: Juan Bautista Mahiques asume como ministro de Justicia. Su primera declaración: prioridad en cubrir vacantes en juzgados y cámaras federales. El Gobierno envía los primeros 62 pliegos al Senado.
- May. 2026: La Nación revela el plan de reducir de 12 a 8 los juzgados federales de Comodoro Py y no cubrir las vacantes en los juzgados fusionados. La meta del 40% del Poder Judicial para magistrados propios toma estado público.
- Jun. 2026 (15 jun.): Decreto 467/2026 publicado en el Boletín Oficial. Modifica los decretos 222/2003 y 588/2003: elimina el filtro ciudadano previo en el Ministerio de Justicia, reduce plazos, suprime criterios de diversidad de género/especialidad/región, traslada la participación ciudadana exclusivamente al Senado.
- Jun. 2026 (24 jun.): Milei firma 21 nuevos pliegos y los envía al Senado, incluyendo dos candidatos para cubrir vacantes en Córdoba (Cortés Olmedo y Mancini).
- Jun. 2026 (30 jun.): Radio Satelital publica que el 51,63% de los cargos de fiscales nacionales y federales están vacantes (189 de 366). El Gobierno retiene además 54 pliegos ya elaborados que aún no envió al Senado.
- 5 jul. 2026: La Nación y Hoy Día revelan el plan de reforma del Procurador General: mandato limitado a dos períodos (4, 5 o 6 años cada uno, sin definir) + meta de cubrir 300 vacantes antes de fin de año + 20-30 pliegos por sesión legislativa.
La Corte Suprema: la pieza que Milei dejó para el final
La única pieza del ajedrez judicial que el Gobierno no tiene decidida es la más resonante: las dos vacantes en la Corte Suprema. Maqueda se retiró, Highton también, y la Corte lleva años funcionando con tres miembros en lugar de cinco. En marzo de 2024, Milei había propuesto a Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo para cubrir esas vacantes, pero la iniciativa naufragó ante la oposición del Senado —que no reunió los dos tercios necesarios— y las críticas de organizaciones civiles a la figura de Lijo, vinculada por algunos sectores a cierta ambigüedad en el manejo de causas sensibles. A mediados de 2026, surgió el nombre del juez penal económico Pablo Yadarola como favorito para una nueva nominación. El Presidente no tiene definido si avanzará en el segundo semestre de 2026 o dejará las vacantes de la Corte para 2028 —después de una eventual reelección que le daría mayor margen para negociar en el Senado.