El Gobierno busca leyes y reformas para llegar fortalecido a la reelección de Milei

Javier Milei completó la primera mitad de su mandato con una victoria electoral —las legislativas del 26 de octubre de 2025— y una victoria económica —la reforma laboral, aprobada en febrero de 2026 con 135 votos en Diputados y 42 en el Senado. Pero también la completó con la primera gran crisis interna del gobierno: la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni, seguida de su imputación por enriquecimiento ilícito y la prohibición de salir del país. La respuesta del presidente fue girar la página "sin perder un instante" —en palabras de la Casa Rosada— y concentrar toda la energía política en el objetivo que define la segunda mitad de su mandato: la reelección. Las leyes que el Congreso apruebe o rechace en los próximos meses no son solo políticas públicas; son las fichas que el gobierno quiere mostrar en la campaña de 2027.

El nuevo escenario: Santilli, Karina y la máquina electoral

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete no es solo un recambio de funcionario: es un cambio de perfil. Adorni era un comunicador. Santilli es un negociador político con experiencia en el armado bonaerense —fue vicejefe de Gobierno porteño con Larreta y vicegobernador de Buenos Aires con Vidal— y conoce los resortes del Congreso y de los gobernadores con una profundidad que Adorni no tenía. El Gobierno apostó por él precisamente porque el tramo que queda hasta 2027 no se gana en las conferencias de prensa sino en las comisiones del Senado y en los despachos de los mandatarios provinciales. La primera tarea de Santilli es la reforma electoral: conseguir los votos para eliminar las PASO, la iniciativa con más resistencias parlamentarias de toda la agenda oficialista.

Simultáneamente, Karina Milei salió de la sombra de su rol formal como secretaria general de la Presidencia para convertirse en la articuladora explícita de la campaña. El 3 de julio de 2026, ante militantes y dirigentes de La Libertad Avanza reunidos en Posadas, Misiones, para la inauguración de la Escuela de Dirigentes de LLA, fue directa: "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027". La frase no fue un desliz: fue una declaración de estrategia. Karina activa la mesa electoral 2027, negocia con gobernadores, ordena candidaturas y construye el mapa territorial que LLA necesita para ganar una presidencial en una segunda vuelta eventualmente más ajustada que la de 2023.

1. La reforma electoral: el proyecto más urgente y más difícil

La eliminación de las PASO es, simultáneamente, el proyecto con mayor urgencia para el oficialismo y el que enfrenta las resistencias parlamentarias más sólidas. El razonamiento detrás es simple: si las primarias no se eliminan antes del 30 de junio de 2027 —la fecha de cierre del plazo que prevé el propio proyecto del Gobierno—, en octubre de 2027 se celebrarán con las reglas vigentes, lo que obligará a Milei a competir en primarias internas antes de la presidencial. El texto enviado al Congreso el 22 de abril de 2026 incluye cuatro componentes: eliminación de las PASO, Ficha Limpia (prohibición de candidaturas para personas con condena confirmada en segunda instancia), boleta única de papel para todos los cargos nacionales, y desregulación del financiamiento de campañas —eliminación de los aportes públicos y habilitación de mayores aportes privados—. El objetivo de incluir Ficha Limpia en el mismo paquete fue explícito: ofrecer a los bloques opositores una concesión apetecible para sumar los votos que el oficialismo no consigue solo.

La resistencia principal proviene de sectores del peronismo —que en algunos casos prefieren las PASO como mecanismo de selección interna— y de sectores radicales que temen perder visibilidad en una elección sin primarias. Santilli exploró, según Parlamentario, una alternativa de negociación: ofrecer la habilitación de colectoras para 2027 a los aliados que apoyen la reforma. Las colectoras —listas que comparten una candidatura presidencial pero presentan candidatos propios en otras categorías— permiten a los partidos menores mantener identidad electoral sin candidato presidencial propio. Es el mecanismo que el radicalismo y algunos aliados del PRO necesitan para sobrevivir electoralmente dentro de la coalición libertaria sin ser absorbidos por LLA. Por su parte, el bloque del PRO en Diputados, liderado por Cristian Ritondo, fijó el 3 de julio sus prioridades legislativas: incluyó la reforma electoral en la lista, pero no como prioridad inmediata, lo que refleja la disparidad de tiempos entre el oficialismo y sus aliados más cercanos.

2. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA: el proyecto más novedoso

La iniciativa que el Gobierno presentó con mayor fervor ideológico fue anunciada por Milei el 30 de junio de 2026 ante legisladores libertarios en la Casa Rosada: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo es revertir los cambios introducidos por el kirchnerismo en 2012 —que ampliaron los objetivos del BCRA para incluir la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social— y volver al mandato único original de 1992: que la misión "primaria y fundamental" del BCRA sea preservar el valor de la moneda. La reforma, elaborada en conjunto por los ministerios de Economía (Caputo) y Desregulación y Transformación del Estado (Sturzenegger), apunta también a eliminar o restringir severamente los adelantos transitorios al Tesoro y otras formas de financiamiento monetario del déficit fiscal. Milei la describió con su estilo habitual: la reforma de 2012 es "una declaración de ignorancia" y "aniquilarla" será "un gran paso para terminar para siempre con la inflación."

La propuesta tiene una lectura técnica y una lectura política. En términos técnicos, ancla institucionalmente —con rango de ley— la prohibición de que el BCRA financie al Tesoro, una restricción que hoy depende de la voluntad política de la conducción del banco y del gobierno de turno. En términos políticos, envía una señal al FMI —que había pedido mayor independencia del BCRA en el marco del acuerdo vigente— y a los mercados: este gobierno no imprimirá para cubrir déficit, incluso si cambia el presidente. El proyecto ingresará por el Senado, donde Patricia Bullrich encabeza el bloque libertario. Aunque su texto definitivo no estaba publicado al cierre de esta nota, las líneas principales ya estaban definidas por el propio Milei en su presentación ante los legisladores.

3. El Súper RIGI: media sanción lograda, Senado pendiente

El denominado Súper RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias— es el proyecto de mayor alcance económico de la agenda inmediata. Ya obtuvo su media sanción en la Cámara de Diputados el 25 de junio de 2026 con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, y espera aprobación definitiva en el Senado. Su diseño apunta a atraer megaproyectos de más de USD 1.000 millones en sectores que hoy tienen escaso o nulo desarrollo comercial en Argentina: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, centros de datos, baterías de litio, vehículos eléctricos, hidrógeno verde y pequeños reactores nucleares. Los incentivos son de escala: impuesto a las ganancias al 15% (frente al 25% del régimen general), amortización acelerada al 60% el primer año, cero aranceles de importación y exportación, contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevos contratos, libre disponibilidad progresiva de divisas, y estabilidad normativa por 30 años.

Para el oficialismo, el Súper RIGI cumple dos funciones al mismo tiempo: es una política de desarrollo industrial —la primera apuesta libertaria a la reindustrialización via capital privado— y es un argumento de campaña. Un data center de IA o una planta de litio-baterías inaugurada antes de octubre de 2027 vale, en términos electorales, más que cualquier anuncio presupuestario. Por eso la urgencia de aprobarlo en el Senado antes del receso de julio, o a más tardar en las sesiones extraordinarias de agosto.

4. Zona Fría, Inviolabilidad de la Propiedad Privada e Inocencia Fiscal

Los tres proyectos restantes de la agenda inmediata tienen menor visibilidad pública pero igual peso político. La ley de Zona Fría propone restringir los subsidios al gas —ampliados en 2021 a provincias del centro y el litoral— y circunscribirlos a la Patagonia, Malargüe y la Puna, salvo para hogares en situación de vulnerabilidad. El proyecto proroga además el régimen de energías renovables hasta 2045. Su aprobación permite al Gobierno mostrar coherencia con el objetivo de reducir subsidios, pero genera resistencias en las provincias que perderían el beneficio automático: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza son los casos más sensibles. La negociación de Santilli con los gobernadores de esas provincias —que en muchos casos tienen bloques aliados o al menos dialogantes en el Senado— será clave para su viabilidad.

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es la propuesta con mayor contenido ideológico del paquete: refuerza la protección constitucional de la propiedad y establece mecanismos procesales más ágiles para casos de usurpación, en línea con la agenda del bloque del PRO en Diputados que ya incluyó la ley de desalojo entre sus prioridades. El proyecto de Inocencia Fiscal, en tanto, amplía el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias: elimina topes de ingresos y patrimonio, redefine el concepto de "discrepancia significativa" y asigna a ARCA la carga exclusiva de la prueba —con lo que reduce el riesgo de fiscalizaciones discrecionales para contribuyentes que se adhieran al régimen simplificado—. Su nombre es políticamente elocuente: en el contexto en que se lanza la causa Adorni y otros expedientes contra funcionarios, "Inocencia Fiscal" envía un mensaje sobre la relación que el libertarismo imagina entre el Estado y el contribuyente.

El factor Congreso: fuerza sin mayoría propia

Todas las iniciativas del Gobierno chocan con la misma restricción estructural: La Libertad Avanza no tiene mayoría propia en ninguna cámara. En Diputados, el oficialismo y sus aliados suman alrededor de 107 bancas sobre 257 totales: necesitan un mínimo de 22 votos adicionales para alcanzar la mayoría simple de 129. En el Senado, con 24 senadores propios sobre 72, necesitan al menos 13 aliados para llegar a 37. Esto significa que cada proyecto requiere negociación caso por caso, y que la oposición dialoguista —bloques peronistas no K, radicales moderados, aliados provinciales— tiene un poder de veto real sobre cada iniciativa. Esa es la principal razón por la que el oficialismo nombró a Santilli: no para comunicar, sino para negociar con esos actores en su propio idioma.

El diagnóstico de la Casa Rosada, según fuentes citadas por TN, es que el "efecto Adorni" —las semanas de turbulencia política por la causa judicial y la renuncia del ex funcionario— retrasó la agenda en al menos un mes. Proyectos que el Gobierno esperaba tener aprobados en junio —el Súper RIGI en el Senado, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los primeros debates de la reforma electoral— quedaron pendientes. El receso parlamentario de julio reduce el margen. El segundo semestre, con sesiones ordinarias hasta noviembre, es el último tramo legislativo con densidad política antes de que la campaña presidencial absorba todo el oxígeno del sistema.