El sábado 24 de mayo llegaron los telegramas. Los últimos empleados del complejo hotelero estatal de Embalse, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, recibieron sus notificaciones de despido. Un día antes, la tarde del viernes, trabajadores, vecinos y representantes gremiales se habían concentrado frente a las instalaciones del histórico complejo para protestar contra una decisión que venían anticipando desde hacía más de un año: el vaciamiento definitivo de la Unidad Turística de Embalse y su entrega a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de administrar, concesionar o vender inmuebles estatales. El número final de afectados fue confirmado por el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Leonardo Ladoux: 101 trabajadores entre las unidades de Embalse y Chapadmalal. En Embalse, 15 empleados contratados fueron cesanteados directamente y 30 trabajadores de planta permanente quedaron en situación de "disponibilidad", una figura administrativa que les otorga 12 meses para ser reubicados en el Estado antes de ser desvinculados definitivamente. En Chapadmalal, el impacto alcanzó a unos 58 trabajadores bajo el mismo esquema. Pero el dato más elocuente no son los 101 afectados de mayo: es que en diciembre de 2023, cuando Milei asumió, había 700 empleados en la totalidad de los complejos turísticos nacionales. Hoy quedan menos de 100.
Lo que se cierra: historia y dimensión de los complejos
La Unidad Turística de Embalse no es un complejo cualquiera. Construida en la segunda mitad del siglo XX bajo la lógica del turismo social peronista —la idea de que los trabajadores y sus familias tenían derecho al descanso y el disfrute—, el complejo de Embalse comprende siete hoteles, 51 bungalows, un polideportivo, piletas, playas sobre el dique Los Molinos y más de 300 hectáreas de predio en el corazón del Valle de Calamuchita. Durante décadas fue administrado por distintos organismos estatales —incluyendo el PAMI, que lo utilizó para los jubilados— y alojó anualmente a miles de familias de trabajadores sindicalizados que de otro modo no habrían podido acceder a un destino turístico. Chapadmalal, en la costa atlántica bonaerense, tiene una dimensión similar: fue el primer complejo de turismo social argentino, fundado en 1950, y durante décadas funcionó como destino de colonias de vacaciones para sindicatos, obras sociales y el PAMI. Los dos complejos juntos costaban al Estado unos 200 millones de pesos mensuales de mantenimiento, una cifra que el Gobierno presentó como el argumento económico principal para justificar el cierre y la concesión a privados.
El mecanismo: AABE, concesión a 30 años y la Ley Bases como marco
El instrumento legal que habilitó el proceso fue la Ley Bases, aprobada en el Congreso en julio de 2024 con los votos de LLA, el PRO y algunos aliados provinciales. La ley permitió al Ejecutivo transferir inmuebles y activos estatales a la AABE y disponer de ellos mediante concesiones, ventas o privatizaciones sin necesidad de una ley específica para cada caso. Fue el propio secretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, quien comunicó personalmente a los delegados sindicales que los complejos saldrían de la órbita de Turismo para pasar a la AABE —una reunión que los gremialistas describieron como "tensa" y en la que Scioli apareció "preocupado y sin posibilidades de poder revertir el panorama"—. En marzo de 2026, el Gobierno confirmó que Chapadmalal será concesionado a privados por 30 años, bajo el argumento de "atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento estatal". Para Embalse, el destino formal aún no fue anunciado públicamente: el predio está en manos de la AABE y puede ser concesionado, vendido o simplemente cerrado hasta nuevo aviso. El vocero Adorni había anticipado el espíritu de la medida parafraseando al ex ministro Roberto Dromi: "Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado".
Estado actual de ambas unidades turísticas
| Complejo | Ubicación | Trabajadores dic. 2023 | Afectados en mayo 2026 | Destino previsto |
|---|---|---|---|---|
| Embalse | Valle de Calamuchita, Córdoba | ~250 (parte del total de 700) | 15 cesanteados + 30 en disponibilidad = 45 | Transferido a AABE; concesión o venta a privados sin fecha definida |
| Chapadmalal | Costa Atlántica, Pcia. de Buenos Aires | ~350 (parte del total de 700) | ~58 afectados | Concesión a privados por 30 años (confirmada en marzo 2026) |
| Secretaría de Turismo (sede) | Buenos Aires | ~100 | Sin datos precisos de mayo | Reestructuración en curso |
| Total complejos | — | 700 | 101 en mayo; total desde dic. 2023: ~600 bajas | Privatización / concesión total del modelo de turismo social estatal |
El contexto del "plan motosierra": 67.253 empleados menos desde diciembre de 2023
Los despidos en Embalse y Chapadmalal no son un episodio aislado: son la continuación de la política más sistemática del gobierno de Milei en materia de Estado. Según datos del INDEC publicados en abril de 2026, desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta el cierre del primer trimestre de 2026, dejaron de trabajar para el Estado un total de 67.253 personas. La planta pasó de 341.000 a 280.000 empleados en poco más de dos años, una caída del 20% equivalente a un promedio de 80 personas despedidas por día. El desglose del INDEC es revelador: los organismos descentralizados —la categoría en la que entran las unidades turísticas— sufrieron el recorte más fuerte, con una caída del 34% y la baja de 43.267 trabajadores. Los ministerios y secretarías perdieron 15.513 puestos (el 24% de su dotación). Y las empresas y sociedades del Estado retrocedieron un 20%, con 21.980 bajas. La meta del Gobierno para 2026 es más ambiciosa: según informó Perfil en marzo, el objetivo es reducir la planta en un 10% adicional, lo que podría implicar entre 6.000 y 27.000 nuevos despidos antes de fin de año.
La alternativa local que no prosperó: el proyecto de la Municipalidad de Embalse
Desde comienzos de 2025, la Municipalidad de Embalse intentó evitar el cierre con una propuesta alternativa: que el municipio, con el respaldo del gobierno provincial, asumiera la gestión del Hotel N°1, las piletas, el polideportivo y los espacios recreativos, mientras el AABE mantenía la propiedad del predio. El intendente Mario Rivarola presentó un proyecto que contemplaba el hotel como un establecimiento modelo de formación para chefs, personal de limpieza y atención al público, la habilitación de espacios para motorhomes y veleros, y la colaboración con el PAMI y los sindicatos para mantener el turismo social de jubilados y trabajadores. El plan nunca recibió respuesta formal del Gobierno nacional. La AABE tomó el predio, los telegramas llegaron el 24 de mayo y la propuesta municipal quedó sin efecto. El destino que los trabajadores y vecinos de Embalse más temen —el predio abandonado hasta que aparezca un comprador privado— es hoy el escenario más probable.