El miércoles 19 de mayo, en el hangar de la Base Aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca —la principal base de la aviación naval argentina—, dos almirantes pusieron su firma en un documento que redefine la arquitectura de seguridad marítima en el Atlántico Sur. Del lado estadounidense: el contraalmirante Carlos Sardiello, del Comando Sur de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos. Del lado argentino: el almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina. El documento firmado fue una carta de intención que da inicio formal al "Protecting Global Commons Program" —denominado también en su base legal como Programa 333 de Desarrollo de Capacidades de Asociación, en referencia a la Sección 333 de la ley de asistencia militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos—. El acuerdo contempla cinco años de cooperación ininterrumpida, transferencia de tecnología de última generación, entrenamiento de élite, provisión de plataformas aéreas y la autorización formal para que fuerzas del Comando Sur participen en las operaciones de patrullaje sobre la Zona Económica Exclusiva argentina: los 1,6 millones de kilómetros cuadrados del Mar Argentino. El ministro de Defensa de Argentina, Julio Martínez, fue referenciado como firmante institucional del lado argentino. El gobierno de Javier Milei no realizó ningún anuncio oficial sobre el acuerdo. Fue la Embajada de Estados Unidos, encabezada por el embajador Peter Lamelas, quien lo comunicó públicamente.
El contenido del acuerdo: qué aporta EEUU y qué autoriza Argentina
El Programa 333 / Protecting Global Commons tiene una estructura de entrega tecnológica y operativa que se desarrollará en tres etapas entre 2026 y 2029. En la primera etapa, de implementación inmediata, Argentina recibirá dos aeronaves King Air Textron B-360ER MPA —aviones turbohélice bimotores configurados específicamente para misiones de vigilancia marítima, control oceánico y reconocimiento aeronaval—. La primera de estas aeronaves, completamente nueva, tiene previsto su arribo para diciembre de 2026. La segunda llegará a mediados de 2027. Ambas llegarán equipadas con radar de búsqueda de superficie, sensores infrarrojos, sistemas de comunicaciones satelitales y tecnología ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), además de sistemas de comando y control para el monitoreo de espacios marítimos. En la segunda etapa, que arranca a mediados de 2027, se incorporarán vehículos aéreos no tripulados de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) capaces de operar directamente desde los patrulleros oceánicos de la Armada Argentina —una capacidad que permitirá ampliar el reconocimiento en el mar sin necesidad de desplegar medios tripulados—. La etapa final, prevista para 2029, contempla la entrega de un simulador de vuelo específico para las aeronaves P-3C Orión que la Armada Argentina incorporó recientemente. El acuerdo también incluye la provisión de software de análisis de tráfico marítimo para la Armada y la Prefectura Naval, orientado a la detección de infracciones y el monitoreo de actividades de inteligencia en el Mar Argentino.
El cronograma de entrega del equipamiento (2026-2029)
| Período | Equipamiento / capacidad | Especificaciones técnicas |
|---|---|---|
| Dic. 2026 | 1ª aeronave King Air Textron B-360ER MPA | Turbohélice bimotor; radar de búsqueda de superficie; sensores infrarrojos; comunicaciones satelitales; tecnología ISR; sistema de comando y control |
| Med. 2027 | 2ª aeronave King Air Textron B-360ER MPA | Igual equipamiento que la primera; operación en Zona Económica Exclusiva (1,6 M km²) |
| Med. 2027 en adelante | Drones VTOL (despegue y aterrizaje vertical) | Operación desde cubierta de patrulleros oceánicos de la Armada; ampliación del reconocimiento sin medios tripulados |
| Continuo | Software de análisis de tráfico marítimo | Implementación en Armada Argentina y Prefectura Naval; detección de infracciones; soporte a operaciones de inteligencia |
| 2029 | Simulador de vuelo P-3C Orión | Entrenamiento de pilotos y tripulaciones; compatible con aeronaves P-3C Orión ya incorporadas por la Armada Argentina |
El contexto estratégico: la pesca ilegal china y la disputa por el Atlántico Sur
El acuerdo no ocurre en el vacío geopolítico. El Atlántico Sur es uno de los espacios marítimos más disputados del planeta en términos de recursos pesqueros y minerales, y su principal amenaza operativa concreta no es militar sino económica: las flotas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), compuestas mayoritariamente por barcos chinos, que operan en los límites de la Zona Económica Exclusiva argentina —y frecuentemente dentro de ella— depredando los recursos ictícolas del Mar Argentino. La Armada Argentina calcula que esas flotas, que pueden llegar a concentrar más de 300 buques simultáneos en la milla 200, extraen cientos de miles de toneladas de calamar, merluza y otras especies sin declarar capturas ni pagar derechos. La vigilancia y el control de esa actividad requieren capacidades de detección aérea y oceánica que la Armada Argentina, con una flota aeronaval envejecida y recursos limitados, no podía sostener eficazmente. Las dos aeronaves King Air, los drones y el software de análisis de tráfico marítimo están diseñados específicamente para ese problema. El Programa 333 se inserta también en un contexto estratégico más amplio: el Comando Sur de EEUU lleva años buscando fortalecer sus capacidades de monitoreo en el Atlántico Sur, una región donde China tiene intereses crecientes —tanto en pesca como en instalaciones portuarias en varios países sudamericanos—. La alianza con Argentina le otorga a Washington un socio privilegiado en el extremo sur del continente.
La paradoja política: lo anunció la Embajada, no el Gobierno argentino
El acuerdo firmado el 19 de mayo generó una controversia política que el Gobierno no esperaba —o no calculó bien—. El principal cuestionamiento no vino de la oposición de izquierda ni del kirchnerismo, sino de una paradoja de comunicación: el anuncio del acuerdo fue realizado por la Embajada de Estados Unidos en sus canales oficiales. El Gobierno argentino, en cambio, no emitió ningún comunicado propio sobre la firma. Según el análisis de Clarín del 19 de mayo, ese silencio generó "críticas en la oposición" sobre la falta de transparencia con la que se gestionó un convenio que, por su naturaleza, involucra cuestiones de soberanía sobre las aguas jurisdiccionales argentinas. El detalle que más debate generó fue la cláusula del convenio que define al Mar Argentino como un "bien común global" —una categoría que, en el lenguaje del derecho internacional, puede tener implicaciones sobre la soberanía que distintos especialistas interpretaron de manera diferente—. El Ministerio de Relaciones Exteriores, consultado por varios medios, aclaró que la formulación no altera la soberanía argentina sobre la Zona Económica Exclusiva. Pero el debate ya estaba instalado.