Kicillof endurece los controles sobre los fondos municipales mientras los intendentes presionan en la Legislatura por libre disponibilidad
La tensión entre el gobernador y los 135 jefes comunales bonaerenses escala. En medio del reclamo generalizado por la falta de recursos —con distritos que advierten que peligra el pago de sueldos— Kicillof emitió la Resolución 231 que agrega exigencias técnicas para acceder a los fondos de obras. Los intendentes responden con dos proyectos de ley en la Legislatura y esperan que se debatan el miércoles 10 de junio.
La crisis financiera de los 135 municipios bonaerenses se instaló como el conflicto político más urgente del interior de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes —de todos los partidos políticos— reclaman que los fondos del endeudamiento provincial puedan utilizarse sin restricciones para afrontar gastos corrientes, en especial el pago de salarios. La respuesta de Kicillof fue, hasta ahora, la contraria: la Resolución 231 del Ministerio de Infraestructura agrega nuevas exigencias técnicas y administrativas a quienes quieran acceder a los desembolsos destinados a obras.
El diagnóstico: por qué los municipios están en rojo
La crisis de recursos en los municipios bonaerenses tiene un origen estructural y uno coyuntural. El estructural es la caída acumulada de la coparticipación federal: la provincia de Buenos Aires perdió $100.000 millones solo en febrero de 2026, en un contexto de siete meses consecutivos de baja en la recaudación nacional, según datos presentados por el ministro de Economía provincial, Pablo López, en una reunión con intendentes convocada por el propio gobernador. Las transferencias automáticas de recursos hacia los 135 municipios registraron una contracción del 1,6% interanual según el informe publicado por Politicar el 30 de mayo.
El coyuntural es el impacto del ajuste nacional sobre la actividad económica de la provincia. Desde diciembre de 2023 se perdieron 270.000 puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales 164.000 corresponden al territorio bonaerense. Además, 22.000 empresas cerraron en la provincia en ese período, a un ritmo estimado de siete por día. Esa contracción de la actividad se traduce directamente en menor recaudación de tasas e impuestos municipales. La suma de ambos factores dejó a varios distritos sin margen financiero: algunos intendentes admitieron en privado que el pago de sueldos de sus empleados estaba en riesgo.
- Caída de coparticipación: $100.000 millones perdidos solo en febrero
- Transferencias automáticas a municipios: –1,6% interanual (mayo 2026)
- Empleos perdidos a nivel nacional desde dic. 2023: 270.000, de los cuales 164.000 en PBA
- Empresas cerradas en PBA desde nov. 2023: 22.000 (≈ 7 por día)
- Recaudación nacional: 7 meses consecutivos de baja
- Actividad económica PBA: caída del 8,2% acumulada en 2024–2025
La Resolución 231: Kicillof endurece en lugar de flexibilizar
En el momento más álgido de los reclamos, el gobierno de Kicillof tomó una decisión que fue leída en varios municipios como una señal de desconfianza: el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis emitió la Resolución 231/2026, que reglamentó el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal con una batería de nuevas exigencias. Los distritos que quieran acceder a los fondos de obras deberán presentar memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados, acreditación de titularidad de predios y certificaciones de funcionarios comunales. La Gobernación se reservó, además, el derecho de revisar la "razonabilidad" de los montos presupuestados.
El esquema también establece un cronograma de desembolsos atado al avance físico de las obras: el segundo pago sólo se liberará si el municipio acredita un avance mínimo del 20% y la colocación del cartel oficial; el tercero, si se supera el 50% de ejecución. En casos de incumplimiento, la Provincia podrá suspender pagos, bloquear nuevos proyectos e incluso derivar el caso al Honorable Tribunal de Cuentas. La medida fue interpretada por varios intendentes —incluso del propio peronismo— como un endurecimiento que contradice el espíritu de la demanda de libre disponibilidad.
"Los intendentes de todos los sectores buscan que se mueva un proyecto de ley que les permitirá tener libre disponibilidad de los fondos que se destinen a los municipios producto del endeudamiento que vaya a tomar Kicillof."
Infobae — 31 de mayo de 2026.Los dos proyectos que se debatirán el 10 de junio en la Legislatura
Ante la negativa del Ejecutivo provincial a flexibilizar el uso de los fondos, los intendentes trasladaron la disputa a la Legislatura bonaerense. Dos proyectos de ley compiten por capitalizar el reclamo comunal y están previstos para debatirse en la sesión del miércoles 10 de junio.
| Proyecto | Autor/es | Contenido central | Diferencia clave |
|---|---|---|---|
| Proyecto Garciarena | Diputado Garciarena | Libre disponibilidad de los fondos del endeudamiento provincial destinados a municipios | Faculta a la comisión bicameral de seguimiento de la deuda de Kicillof a autorizar el pago a cada municipio |
| Proyecto Lordén–Minnard–Miranda | Diputadas Alejandra Lordén, Priscila Minnard y diputado Valentín Miranda | Libre disponibilidad de los fondos del endeudamiento con mecanismo de celeridad | No incluye la intervención de la comisión bicameral; busca un mecanismo más ágil y directo de habilitación |
Según Infobae, en las últimas horas también comenzaron a circular novedades sobre posibles acuerdos legislativos previos a la sesión del 10 de junio. La tensión en la Legislatura refleja no solo el conflicto financiero sino también la interna peronista: varios intendentes que respaldan a Kicillof en lo político comparten el reclamo financiero con opositores de la UCR y el PRO, lo que genera una coalición coyuntural inédita en la provincia.
El reclamo multipartidario: UCR y PRO junto al peronismo
El hecho político más significativo de esta crisis es que el reclamo desbordó las fronteras del peronismo. El Foro de Intendentes Radicales se reunió con el ministro de Gobierno Carlos Bianco para trasladar el mismo pedido que los intendentes peronistas: que los fondos del endeudamiento provincial sean de libre disponibilidad. Intendentes del PRO y de La Libertad Avanza sumaron firmas al petitorio legislativo. Letra P reportó que incluso algunos jefes comunales con agendas propias de cara a 2027 aprovechan la crisis financiera para posicionarse políticamente frente al gobernador.
El pedido más urgente que los intendentes radicales llevaron a Bianco fue la conformación de una mesa de trabajo permanente entre el gobierno provincial y los municipios para establecer una agenda conjunta. La demanda de institucionalidad en el diálogo refleja que, más allá de los fondos específicos, el vínculo entre la Gobernación y los distritos atraviesa una crisis de confianza que excede el conflicto presupuestario.
El argumento de Kicillof: la responsabilidad es del ajuste de Milei
El gobernador no acepta que la crisis fiscal de los municipios sea atribuible a su gestión. En la reunión del 26 de marzo con más de 60 intendentes, expuso un diagnóstico que pone el eje en el recorte de fondos del gobierno nacional: prometió coparticipar el 16% de todo lo que la provincia logre recuperar a través de las ocho demandas judiciales que Buenos Aires tiene abiertas contra el gobierno de Milei ante la Corte Suprema. La cifra prometida condicionó la tranquilidad política de los intendentes, que aplaudieron el anuncio, pero la promesa tiene un defecto estructural: nadie sabe cuándo —ni si— esas demandas prosperarán.
Paralelamente, el gobierno bonaerense firmó convenios de leasing por $4.019 millones con siete municipios para la compra de maquinaria, equipamiento de salud y vehículos, en el marco de la "Línea Municipios 2026" del Banco Provincia. Son paliativos que no alcanzan a cubrir la brecha financiera que viven los distritos con mayores déficits operativos.