La tranquera en medio de la ruta: el insólito conflicto de la Ruta 12 de Chubut que expone un vacío legal de casi 20 años
Un pórtico metálico instalado en plena calzada asfaltada de la Ruta Provincial 12, en el tramo Esquel–Gualjaina, encendió alarmas en la cordillera chubutense. Vialidad provincial confirmó que la ruta fue construida entre 2005 y 2009 sobre terreno privado sin completar jamás la expropiación. La propietaria, Luciana Zárate, dice actuar respaldada por el Estado. Vecinos y una comunidad mapuche denuncian aislamiento. El caso desnuda cómo una obra pública puede quedar atrapada en el limbo legal durante casi dos décadas, y lo que ocurre cuando eso finalmente explota.
En la región de Futaleufú, a unos 60 kilómetros al este de Esquel en plena cordillera chubutense, la Ruta Provincial 12 corre sobre asfalto desde hace casi veinte años. Es el único camino pavimentado que conecta el área con Gualjaina y, más allá, con la Ruta 40. Familias rurales, comunidades originarias y viajeros la usaban con naturalidad. Hasta que en marzo de 2026 apareció un pórtico de hierro con una tranquera metálica instalado en plena calzada, bloqueando el paso. Y la Dirección de Vialidad provincial, en lugar de ordenar su remoción, dijo que la propietaria de los terrenos había actuado a derecho.
Qué pasó: un arco de hierro en el asfalto
El caso salió a la luz a mediados de marzo de 2026, cuando Millán, un referente de una comunidad mapuche que habita en predios fiscales de la zona, grabó en video la instalación del pórtico metálico y denunció públicamente que "un terrateniente estadounidense" había comprado el campo y había ordenado cerrar la ruta. El video circuló por redes sociales y en pocos horas se viralizó en todo el país. Las imágenes mostraban un arco de hierro con una tranquera instalado sobre el asfalto, con el camino bloqueado.
La denuncia inicial hablaba de un inversor de origen norteamericano, lo que disparó un debate paralelo sobre la extranjerización de las tierras patagónicas. Pero la propietaria salió rápidamente a aclarar su identidad: Luciana Zárate, argentina, junto a su pareja, es la dueña legal del campo denominado "La Cancha", por cuya propiedad pasa el tramo de la Ruta 12. "Soy Luciana Zárate, argentina y dueña de las tierras, no hay ningún estadounidense acá", dijo en diálogo con Infobae.
"El asfalto está en nuestro campo y para poder utilizarlo, el gobierno de Chubut tendrá que expropiarlo, llegar a un acuerdo para el uso público, pero mientras eso no ocurra, la tranquera permanecerá donde está."
Luciana Zárate, copropietaria del campo "La Cancha" — declaraciones a medios de la región, marzo de 2026.La bomba que nadie desactivó: 20 años de obra pública sin expropiación
La Administración de Vialidad de la Provincia de Chubut confirmó en un comunicado oficial lo que muchos sospechaban y pocos querían reconocer: la Ruta Provincial 12, en el tramo en conflicto, fue construida entre los años 2005 y 2009 sobre un terreno que nunca fue legalmente adquirido por el Estado. La obra fue materializada físicamente —se asfaltó, se puso señalización, se usó como corredor público durante casi dos décadas—, pero el proceso de expropiación de las parcelas por donde discurre la traza nunca se completó.
La situación es técnicamente insólita. El Estado invirtió recursos públicos para construir un camino que no era suyo, y nunca terminó de comprarlo. Según Vialidad, al momento de la construcción existió un "proyecto de convenio" para obras de cerramiento entre el organismo y la antigua dueña del campo, Emilia Méndez de Medina, quien cedió el uso de sus tierras para instalar los obradores y ejecutar la obra. Pero ese convenio nunca fue firmado. Cuando Zárate adquirió el campo de Méndez de Medina, compró también, sin saberlo o a sabiendas, el asfalto que el Estado había puesto sin escriturárselo.
"El sector afectado corresponde a un proyecto vial inconcluso ejecutado entre los años 2005 y 2009. Si bien la obra fue materializada físicamente, el proceso de adquisición de tierras y transferencia de jurisdicción a favor del Estado (expropiación) nunca se cristalizó. El pórtico de hierro no constituye una invasión de hecho sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima. El Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos."
Dirección de Vialidad Provincial de Chubut — comunicado oficial, marzo de 2026.Los que quedaron del otro lado: familias aisladas y una comunidad mapuche
Independientemente de quién tiene razón jurídica en el conflicto, las consecuencias para quienes viven al otro lado del pórtico son concretas: al menos dos familias rurales del área quedaron prácticamente aisladas del resto de la red vial. Además, la comunidad mapuche que habita en los predios fiscales aledaños usaba ese tramo de ruta para trasladarse hacia Gualjaina y hacia servicios básicos —escuela, salud, comercios. El portón, aunque Zárate insiste en que no está cerrado con candado, implica en los hechos una interrupción del libre tránsito al imponer una estructura que obliga a detenerse y abrirla manualmente.
Desde la comunidad mapuche, el referente Millán señaló que el caso encubre un conflicto territorial más antiguo: la disputa por los derechos ancestrales sobre la tierra en esa zona de la cordillera chubutense. "Denunciar a Torres" —el gobernador Ignacio Torres— era parte del reclamo que circuló en redes, vinculando el caso con lo que voces críticas describieron como una pasividad del Estado provincial ante el avance de propietarios privados en zonas de uso comunitario. La misma situación fue relacionada en los comentarios públicos con otros conflictos de extranjerización de tierras en la Patagonia, aunque en este caso la propietaria sea argentina.
Las posiciones: un conflicto con tres vértices
| Actor | Posición | Argumento central |
|---|---|---|
| Luciana Zárate (propietaria) |
Defiende la tranquera. Dice que actuó a derecho con aval de Vialidad y la Policía. | La ruta nunca fue expropiada, el asfalto está en su propiedad privada. Instaló el pórtico para evitar el robo de ganado y el ingreso de miembros de la comunidad mapuche a quienes acusa de hostigamiento y amenazas graves. Sostiene que la tranquera está sin candado y permite el paso. |
| Comunidad mapuche (afectada) |
Denuncia restricción del libre tránsito y dice que el cierre encubre un conflicto territorial. | El tramo fue de uso público durante 20 años. La instalación del pórtico los aisla de servicios esenciales. Reclaman derechos de uso comunitario y denuncian que el Estado no actúa para garantizar el libre tránsito. |
| Vialidad Provincial (Estado) |
Reconoce el vacío legal. Avaló la colocación del pórtico. No adoptó medidas para restablecer el libre tránsito. | La ruta fue construida sin completar la expropiación. El Estado no tiene título sobre ese tramo. La solución es iniciar ahora el proceso expropiatorio o llegar a un acuerdo con la propietaria. Hasta tanto, el terreno es privado. |
| Vecinos y organizaciones (reclamos) |
Piden intervención urgente del Estado para restablecer la libre circulación y resolver el conflicto de fondo. | No puede mantenerse una vía asfaltada de uso público durante 20 años y luego reconocer que el Estado no tiene derechos sobre ella. El resultado práctico es el aislamiento de familias y comunidades. El Estado debe actuar. |
La versión de Zárate: amenazas, robo de ganado y un intento de enterrarla viva
En diálogo con Infobae, Zárate ofreció su versión de los hechos que precedieron al cierre y que, asegura, hacen imposible mantener el campo abierto sin restricciones. La propietaria relató un historial de conflictos con miembros de la comunidad mapuche de la zona: denuncias por robo de ganado, amenazas de muerte y un episodio que calificó como particularmente grave. "Se presentaron los mapuches y pretendían tapar la fosa conmigo adentro, cuando paleaba para construirla", dijo, al describir el momento en que —según su relato— intentaron sepultarla viva en una fosa que estaba excavando para colocar un guardaganado.
Zárate también desmintió tener vínculos con ningún inversor estadounidense: "Este es mi lugar, vivo en una cabaña de adobe y este es mi lugar, y será el de mis hijos". Antes de colocar el pórtico, afirmó, informó a la Policía de Chubut y obtuvo el visto bueno de la Dirección de Vialidad Provincial. Ninguno de los dos organismos objetó la medida. El pórtico, reiteró, no tiene candado permanente y permite la circulación: "No está cerrada, el portón está sin candado y nunca se cortó el camino". Para los vecinos y la comunidad mapuche, esa distinción resulta irrelevante si hay una estructura metálica que hay que abrir manualmente en cada paso.
"Fui víctima de amenazas de muerte y de otros hechos graves. Se presentaron los mapuches y pretendían tapar la fosa conmigo adentro, cuando paleaba para construirla. Lo único que quieren es que yo me vaya de acá para apropiarse de todo, pero no lo van a conseguir."
Luciana Zárate, copropietaria del campo "La Cancha" — en diálogo con Infobae, marzo de 2026.El vacío legal: cómo se construye una ruta sin comprar el terreno
El conflicto expone una práctica que no fue exclusiva de este caso: durante la década del 2000, el avance de fondos de la obra pública vial en la Patagonia —impulsado por el auge de la construcción bajo el gobierno nacional de entonces— llevó a que varios tramos de rutas provinciales se ejecutaran antes de completar los procesos de expropiación de los terrenos. En la urgencia de la obra, se avanzaba con el asfalto sobre la base de acuerdos verbales o convenios provisorios con los propietarios, y la formalización jurídica quedaba "para después". En muchos casos, ese "después" nunca llegó.
En el caso del tramo de la Ruta 12, Vialidad admitió que la expropiación fue iniciada pero suspendida antes de su conclusión. No se sabe por qué ni quién tomó esa decisión. El campo cambió de manos sin que el Estado retomara el trámite. El resultado es el que se conoció en marzo de 2026: una ruta "fantasma", que existe físicamente pero no existe en el registro de bienes del Estado provincial, y que el día que su propietaria privada decidió ejercer sus derechos, se convirtió en un campo minado judicial, político y social.
El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que "la propiedad privada es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley". La expropiación por causa de utilidad pública requiere ley y justa compensación previa. Si el Estado construyó sobre terreno privado sin completar la expropiación, técnicamente está usando propiedad ajena sin título legal. La propietaria tiene razón jurídica formal. Pero el uso público durante 20 años y el impacto sobre la conectividad de comunidades vulnerables generan obligaciones concretas del Estado para resolver el conflicto.
El estado del caso y lo que viene
A mediados de 2026, el conflicto permanece abierto. El gobierno provincial del gobernador Ignacio Torres no adoptó medidas judiciales para retirar el pórtico —porque reconoció que Zárate actuó en ejercicio de un derecho legítimo— ni inició formalmente el proceso de expropiación del tramo. Vecinos y organizaciones de la zona siguen reclamando que el Estado garantice el libre tránsito. La comunidad mapuche mantiene sus denuncias. Y Zárate asegura que la tranquera permanecerá "donde está" hasta que el Estado resuelva la situación legal.
- 2005–2009: El Estado provincial construye y asfalto el tramo de la Ruta 12 que atraviesa el campo "La Cancha". El proceso de expropiación se inicia pero no se completa. Existe un proyecto de convenio nunca firmado con la propietaria original, Emilia Méndez de Medina.
- 2009–2026: El tramo se usa como ruta pública durante casi 20 años. Familias, vecinos, turistas y la comunidad mapuche lo transitan con normalidad.
- Fecha no precisada (período reciente): Luciana Zárate y su pareja adquieren el campo "La Cancha", incluyendo el tramo de asfalto de la Ruta 12 que lo atraviesa.
- Principios de marzo 2026: Zárate instala un pórtico metálico con tranquera en la calzada, con conocimiento y aval previo de Vialidad Provincial y la Policía.
- 15 de marzo 2026: El referente mapuche Millán graba el pórtico y viraliza el caso en redes sociales, denunciando a un "terrateniente estadounidense". El video llega a medios nacionales.
- 18–20 de marzo 2026: Zárate sale a desmentir la nacionalidad del propietario. Vialidad publica su comunicado reconociendo el vacío legal. El gobierno provincial da la razón a la propietaria. Crecen los reclamos vecinales.
- Junio 2026: El conflicto sigue sin resolución formal. No hay proceso expropiatorio iniciado. El pórtico permanece en su lugar.
Lo que el caso de la Ruta 12 pone en primer plano no es solo un conflicto de tierras entre una productora rural y una comunidad mapuche: es el retrato de un Estado que durante veinte años hizo la vista gorda ante una situación irregular que creó él mismo, y que cuando finalmente explotó, no tuvo más remedio que reconocerlo. La pregunta que queda abierta —y que los vecinos, las organizaciones y los afectados llevan a los despachos oficiales— es cuántos otros tramos de ruta provincial en la Patagonia tienen el mismo problema, esperando que alguien decida ejercer su derecho de propiedad para que la sociedad se entere de que el asfalto debajo de sus ruedas no es del Estado.